El primer escrache político en España o cuando el pueblo se alzó en 1869

El 7 de marzo de 1820 Fernando VII juró la Constitución de 1812. Sus palabras, tantas veces repetidas, se hicieron célebres: «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional». Poco tiempo tardó en llegar esta frase a los oídos de los ciudadanos. En muchos lugares el júbilo de la población se trasladó a la calle, donde manifestaciones de hombres y mujeres de todas las clases celebraban el advenimiento del régimen liberal.

Durante los tres años siguientes se vivió una intensa politización de la sociedad española. Los cafés se animaron con tertulias donde se leían periódicos de diferentes tendencias y opiniones, se pronunciaban discursos grandilocuentes y se debatía sobre las cuestiones más candentes. A su vez, la vía pública pasó a ser el termómetro de la situación política española. Manifestaciones, marchas e, incluso, enfrentamientos armados perturbaron la tranquilidad de múltiples ciudades españolas durante el conocido como Trienio Liberal (1820-1823).

Si bien el retorno del absolutismo con la recuperación de los plenos poderes por parte de Fernando VII en 1823 supuso un paréntesis, el espacio público nunca dejó de emplearse para expresar los distintos pareceres y estados de ánimo del pueblo español. Así, en 1859 y, posteriormente, en 1860, las calles volvieron a llenarse de gente.

En este caso concreto, las manifestaciones públicas mostraban la alegría de los españoles por la victoriosa campaña en Marruecos. Los heroicos militares que habían triunfado al otro lado del Estrecho, con O’Donnell y Prim a la cabeza, recibieron el cariño de sus conciudadanos allá por donde pasaban.

No obstante, estas manifestaciones públicas no contaban con ese componente político tan marcado como el que había existido durante el Trienio. Este tan sólo se recuperó tras la Gloriosa, la revolución que, en 1868, expulsó a Isabel II del trono y que marcó el inicio del Sexenio Democrático (1868-1874). Durante este periodo, el grado de politización de los españoles y españolas superó con creces el registrado durante la década de 1820.

Las conversaciones en clubes, cafés, tabernas y casinos fueron monopolizadas por temas de la actualidad política como la búsqueda de un nuevo monarca, la proclamación de la República, el orden y la estabilidad, la abolición de impuestos o el reconocimiento de nuevas libertades. Precisamente, amparados en las libertades y derechos que consignaba la nueva Constitución de 1869 (como el de asociación o el de reunión), los republicanos fueron los primeros en explotar el recurso a la movilización.

Manifestaciones con decenas de miles de republicanos y republicanas inundaron las calles de toda España con gritos a favor de la República. Poco tardaron en ser imitados por otros grupos sociales, como la aristocracia y sus muestras de rechazo al nuevo monarca, Amadeo I, o políticos, como los progresistas radicales de Manuel Ruiz Zorilla, tal y como han señalado los historiadores Eduardo Higueras y Sergio Sánchez Collantes.

Esta intensa politización y, sobre todo, su plasmación en marchas y reuniones en la vía pública empezó a preocupar a distintos sectores de las clases políticas más conservadoras. Su inquietud creció al ver que esas muestras de descontento empezaban a focalizarse y a afectar a la vida privada de los diputados. Así, en marzo de 1869, varios diputados pertenecientes a la Unión Liberal denunciaron la «cencerrada» sufrida por uno de ellos.

Tras votar a favor de la monarquía, el diputado unionista Ricardo Martínez había visto cómo su domicilio de Granada se rodeaba de gente que expresaba a gritos su descontento con su votación en las Cortes. Los compañeros de Martínez pedían al gobierno que, si bien ya no era legal impedir las manifestaciones, al menos se tomasen medidas en contra de este tipo de actos.

No podía permitirse que las masas acudiesen a la casa de un diputado para presionarlo, tratando de minar su autonomía y libertad de voto. La respuesta del gobierno corrió a cargo del ministro Ruiz Zorrilla: «es necesario acostumbrarse al ejercicio de la libertad, y cuando nos halaga que haya 2000 hombres que nos aplaudan, es preciso que suframos [...] que haya 500 o 1000 o 4000 que nos censuren». El gobierno no iba a tomar medidas contra ese tipo de actos, que englobaban en «los inconvenientes y las ventajas de la libertad».

La revolución de 1868 había traído libertad y nuevos derechos al pueblo español, que aprendió rápidamente a ejercerlos. La pasividad de la población derivó pronto en una participación muy activa. En algunos casos sus acciones se limitaron a dotar de un nuevo sentido a elementos ya ensayados anteriormente, como las manifestaciones públicas de entusiasmo por las victorias del Ejército español, ahora convertidas claramente en manifestaciones políticas. En otros casos fueron un paso más allá, llegando a personarse en los domicilios privados de los diputados, no sólo para aplaudirles por defender una causa que compartían sino también para presionarles e intimidarles en una especie de cencerrada que, hoy en día, conocemos como escrache.