Los juicios en Rusia a los combatientes de Azov podrían violar la Convención de Ginebra

Ahora que Rusia tiene en su poder a más de 900 prisioneros ucranianos, antaño combatientes en la planta Azovstal, podría dar un paso más allá y llevarlos a juicio por supuestos crímenes de guerra. Entre las posibles condenas está la ejecución.

Pero la decisión podría suponer una violación de la Convención de Ginebra, donde se estipula que los prisioneros de guerra no deben ser castigados por su papel en las hostilidades.

Fue James Heappey, ministro británico de las Fuerzas Armadas, quien dejó caer la primera advertencia: «Creo que esta guerra ya ha visto suficientes atrocidades sin que presenciemos, además, la ejecución de los prisioneros de guerra. Temo que esto sea un preludio para matarlos».

«Creo que debemos ser muy claros: esta es la clase de atrocidades que Occidente condenaría de forma tajante. El estatus de los prisioneros de guerra está protegido por la Convención de Ginebra», declaró ante la cadena LBC.

El ministerio de Defensa ruso anunció que 959 soldados ucranianos, atrincherados en la planta siderúrgica, se rindieron el pasado lunes.

«En las últimas 24 horas, hemos capturado a 694 combatientes, incluyendo a 29 heridos. Y desde el 16 de mayo, capturamos a otros 265, incluyendo a 80 heridos», informó entonces el ministerio, a través de un comunicado.

La Convención de Ginebra se compone de cuatro tratados y tres protocolos, que establecen las bases legales para el trato humanitario durante las guerras. Como término en sí, suele referirse a los acuerdos que se negociaron en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con este último convenio, no se debe juzgar a los prisioneros de guerra por su involucramiento directo en el conflicto.

También deja claro que su detención tras la captura no debe enfocarse como un castigo, si no como método de prevención para que no participen más en la guerra.

Pero bajo la narrativa, popularmente difundida en Rusia, de que los combatientes ucranianos son nazis, Moscú podría justificar ante los ojos de su país las posibles condenas a los prisioneros.

A principios de la ofensiva en Mariúpol, Igor Konashenkov, portavoz de Defensa ruso, alegó que «eran los nazis del batallón Azov quienes exterminaron, durante los últimos ocho años, a la población civil de las repúblicas de Donetsk y Luhansk, de forma deliberada y con una crueldad excepcional».

De hecho, uno de los principales y más radicales impulsores de este juicio a los prisioneros de guerra es Denis Pushilin, líder prorruso de la ‘república independiente’ del Donetsk. Según el separatista, es el intransigente tribunal quien debe decidir el destino de los ucranianos.

Esa insistencia rusa de tratar a los militares ucranianos en Azovstal como terroristas en vez de combatientes genera preocupaciones internacionalmente, de cara a estos próximos juicios.

Porque, aunque Dmitry Peskov, portavoz de Putin, prometió que los ucranianos rendidos serían tratados «de acuerdo con los estándares internacionales», otros oficiales rusos contradijeron enseguida sus declaraciones.

«No intercambiaremos a los criminales nazis. Nuestro país trata humanamente a los que se rinden o son capturados. Pero en lo que concierne a los nazis, nuestra posición no varía: son criminales de guerra, y haremos todo cuanto podamos para que sean juzgados», anunció Vyacheslav Volodin, el presidente de la Duma Estatal.

Por su parte, el ministerio de Justicia ruso apeló para que la Corte Suprema declarase el regimiento Azov organización terrorista.