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Handout picture released by the Press Secretary of the Presidency of El Salvador showing police officers keeping watch during the arrival of inmates belonging to the MS-13 and 18 gangs to the new prison "Terrorist Confinement Centre" (CECOT), in Tecoluca, 74 km southeast of San Salvador, on February 24, 2023. - The first 2,000 gang members were transferred from the Izalco prison to "America's largest" mega-prison, equipped with high-tech surveillance and designed to house 40,000 criminals, Salvadorean President Nayib Bukele, who is waging a "war" against these groups, announced on February 24. (Photo by Salvadorean Presidency / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SALVADOREAN PRESIDENCY" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Pandilleros salvadoreños son trasladados al penal de máxima seguridad inaugurado por el presidente Nayib BukeleAFP

La Justicia de El Salvador condena a cuatro pandilleros a entre 65 y 125 años de cárcel

72.600 personas detenidas por el Gobierno de Bukele son acusadas de pertenecer a las pandillas, mientras que organizaciones de DDHH señalan más de 5.000 detenciones arbitrarias

La Justicia de El Salvador condenó el viernes a 4 pandilleros de la llamada pandilla Barrio 18 a penas de entre 65 y 125 años de cárcel por cuatro casos de homicidios y agrupación ilícita, informó este sábado la Fiscalía General de la República (FGR).

La fuente detalló que José Rolando Hernández fue sentenciado a 65 años de prisión, Gerardo Humberto Cruz y Kevin Eleazar Mendoza fueron condenados a 95 años de cárcel y Juan Carlos Hernández recibió una pena de 125 años de cárcel.

Los hechos por los que fueron condenados los cuatro pandilleros fueron perpetrados en el 2019, apuntó el Ministerio Público sin detallar si los hombres fueron arrestados en el contexto del régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las maras.

La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó recientemente la decimoctava prórroga del régimen de excepción, con la justificación que «persiste la amenaza de una posible agrupación» de las estructuras de pandilla.

Esta medida ha dejado a más de 72.600 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.000 «víctimas directas» de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, según cifras oficiales.

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