El terrorismo islamista y el giro alemán en política inmigratoria
Alemania establecerá controles fijos y móviles en sus fronteras con Francia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Luxemburgo, inundados de población inmigrante de mayoría musulmana
Oficiales de la policía federal alamana detienen un coche cerca de la frontera con Polonia
El auge de la derecha y extrema derecha en Europa demuestra que cada vez la población está al límite con las políticas migratorias de la Unión Europea. España va a la zaga y, en vez de aprender de los errores de sus vecinos y socios, avanza (como ha ocurrido en los últimos meses) en atraer inmigración ilegal descontrolada.
En las elecciones parlamentarias europeas de junio, los partidos políticos de la derecha obtuvieron mejores resultados que nunca. Dos alianzas de derecha son ahora la tercera y cuarta agrupación más grandes del Parlamento Europeo, por delante del grupo centrista. En Francia, la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen se erigió en el partido más votado con diferencia en los sondeos europeos.
Europa aboga, a su vez, por conseguir una mayor autonomía estratégica respecto a Estados Unidos, en lo económico y en defensa. En concreto, desde un análisis realista se puede argumentar que, independientemente de la ideología de sus gobiernos, los países europeos comparten intereses estratégicos similares y el problema de la inmigración es grave.
El cambio migratorio asociado a la inseguridad y a los profundos lastres que acarrea hace que la gran clase media reclame un cambio drástico en la política inmigratoria. La UE debería abandonar esos valores ideológicos y adoptar un enfoque basado en verdaderos intereses compartidos.
La derecha se alza como preferencia de la mayoría de los votantes en Europa y por eso las élites liberales e izquierdistas están reaccionando ante este giro político. Se precisa una Europa más autónoma, fuerte y exenta de las crecientes debilidades actuales.
Por eso, los partidos que componen el Gobierno alemán (socialistas, liberales y verdes), partidos en pleno declive, han propuesto un importante giro en política inmigratoria. El Ministerio del Interior de Alemania presentó en el Parlamento su plan para frenar la inmigración irregular con medidas de seguridad, mayores restricciones y mayor facilidad de expulsión por parte del Estado Federal.
Se trata de un plan de lucha contra la inmigración irregular, una iniciativa que contiene medidas de seguridad, restricciones de servicios a demandantes de asilo y la promesa de ofrecer mayores facilidades para la expulsión de migrantes.
Según el plan del Gobierno alemán, que se debate por primera vez en el Parlamento, los demandantes de asilo perderán la protección del Estado si van de vacaciones a su país de origen. Sin embargo, se aplican excepciones, entre otros, a los refugiados de Ucrania.
Los demandantes de asilo también dejarán de contar con el reconocimiento de la Administración si son condenados por delitos graves, como antisemitismo, entre otros casos. Además, la iniciativa del Gobierno busca acelerar la expulsión de demandantes de asilo que se encuentran en Alemania, pero que fueron registrados en otros países de la Unión Europea (UE) de acuerdo con el Convenio de Dublín. Estos inmigrantes, según el plan del ministerio alemán, solo recibirán prestaciones sociales durante quince días en Alemania. Después de ese periodo de tiempo, esos servicios quedarían reducidos a lo más básico, pues se cubriría alojamiento, alimentación e higiene si permanecen en territorio germano.
La ministra alemana de Interior, Nancy Faeser, ha dicho en el Parlamento: «No vamos a dejar que se cuestione la seguridad por parte de criminales brutales y ataques contra inocentes que confían en el Estado». El cambio de política obedece a la sensación de inseguridad surgida tras los ataques de islamistas en Mannheim y Solingen, y del auge de Alternativa por Alemania (AfD) en las últimas elecciones de algunos estados federales.
Recordemos que a finales del pasado mes de junio moría asesinado en Mannheim un policía que intervino para tratar de reducir a un afgano de 25 años, que el 31 de mayo atacó a los participantes de un acto público contra el islam. También, el pasado 23 de agosto murieron tres personas en un atentado con cuchillo reivindicado por la organización terrorista el Estado Islámico (ISIS) cometido por un sirio de 26 años que debía haber sido expulsado del país.
Thorsten Frei, representante del principal grupo de la oposición en el Parlamento —Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU)— dijo en su respuesta a Faeser que la intención del Gobierno de expulsar a los refugiados registrados en otro país es «buena» pero que, con todo, la ven «insuficiente». Para el CDU «las expulsiones del sistema Dublín no son devoluciones» y defienden directamente no permitir la entrada en el país de inmigrantes irregulares.
Ante las presiones políticas internas, el gobierno anunció controles fijos y móviles en las fronteras de Alemania con Francia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Luxemburgo, inundados de población inmigrante de mayoría musulmana. Unos controles que se sumarán a los ya establecidos en los límites con Polonia, República Checa, Suiza y Austria.
Se sabe que la zona fronteriza entre Serbia y Bosnia junto al río Drina es un cuello de botella para los migrantes en la nueva ruta de los Balcanes. La Policía y las autoridades fronterizas de los países afectados se sienten impotentes. Son inmigrantes que proceden de Marruecos y se dirigen a Europa Occidental. Viajan a través de Turquía a Grecia, y luego a Serbia por Macedonia del Norte. Hasta hace unos días, estaban en un centro de acogida cerca de Belgrado. Alemania está especialmente alerta para cortar esta ruta hacia sus territorios.
