El presidente surcoreano se ausenta de nuevo de citación judicial por caso de la ley marcial

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se negó nuevamente este miércoles a comparecer ante el equipo especial que investiga su controvertida declaración de ley marcial del pasado 3 de diciembre. Esta es la segunda ocasión en que el mandatario no acude a una citación para ser interrogado, lo que ha generado intensas críticas en el país.

La agencia Yonhap adelantó esta información, confirmando las declaraciones de su asesor legal, Seok Dong-hyeon, quien ya había advertido la posibilidad de que su cliente no asistiera. Según Seok, Yoon considera que el juicio político iniciado por la Asamblea Nacional debe tener prioridad sobre las investigaciones criminales en curso.

«El presidente cree que el Tribunal Constitucional debe resolver primero el proceso de destitución iniciado por el Parlamento, ya que esto tiene implicaciones directas sobre su permanencia en el cargo», explicó el abogado. El Parlamento destituyó a Yoon el pasado 14 de diciembre, dejando su futuro en manos del Tribunal Constitucional, que dispone de un plazo máximo de seis meses para decidir si ratifica o revoca la destitución del mandatario.

Mientras tanto, Yoon y otros altos funcionarios de su gabinete, junto con oficiales policiales y militares, están siendo investigados por presuntos delitos relacionados con la imposición del estado de excepción. Entre las acusaciones se encuentran amotinamiento, abuso de poder e insurrección, este último considerado el más grave, con penas que incluyen cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Aunque Corea del Sur mantiene una moratoria sobre la pena capital desde 1997, la posibilidad sigue vigente en casos de extrema gravedad.

El equipo especial que lidera la investigación está formado por la Fiscalía, la policía y el Ministerio de Defensa. Hasta ahora, Yoon también ha ignorado una citación previa realizada la semana pasada, argumentando a través de su equipo de seguridad que las convocatorias no eran prioritarias en este momento. A su vez, el mandatario tiene prohibida la salida del país mientras continúan las indagaciones.

El caso ha recordado a muchos surcoreanos la destitución de la expresidenta Park Geun-hye, quien enfrentó un proceso similar en 2016. Como mencionó el abogado de Yoon, en aquella ocasión, la investigación penal solo comenzó tras la ratificación de la destitución por parte del Tribunal Constitucional. Park fue finalmente encarcelada por su implicación en un escándalo de corrupción.

La controversia en torno a Yoon ha puesto en jaque la estabilidad política del país. La implementación de la ley marcial y las acusaciones de insurrección han sido calificadas como un retroceso democrático por algunos analistas, mientras que otros critican la lentitud del proceso judicial para abordar estas acusaciones de manera contundente.

En medio de este tenso panorama, los ciudadanos surcoreanos esperan que las instituciones encargadas de resolver este conflicto actúen con transparencia y rigor, dada la gravedad de los cargos imputados al mandatario y su impacto en la confianza pública en el sistema democrático del país.