Trump hace una purga entre los diplomáticos de carrera que están en puestos clave

Donald Trump ha irrumpido con una fuerza atronadora en la Casa Blanca, dispuesto a cambiarlo todo desde el primer minuto. Y entre sus medidas de política exterior o limitando la inmigración, también destaca el cambio que quiere implementar dentro de la propia formación de los principales poderes estadounidenses.

El republicano ha dirigido sus ojo al Departamento de Justicia, donde, según el Washington Post, al menos 20 funcionarios de carrera han sido reasignados a otras posiciones en lo que se ha interpretado como una reestructuración para alinear la institución con la nueva visión gubernamental.

Entre los funcionarios que han sido reasignados destaca Bruce Swartz, jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales dek Departamento, conocido por gestionar los casos de extradición. O George Toscas, un fiscal adjunto en la División de Seguridad Nacional que supervisó investigaciones de alto perfil, incluidas las relacionadas con Hillary Clinton o el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago, la residencia de Trump.

El nuevo presidente estadounidense había expresado en repetidas ocasiones su descontento con el Departamento de Justicia, una relación que se torció hasta el límite con las investigaciones que se le han llevado a cabo al nuevo presidente.

Por otra parte, el gran cambio que el nuevo gobierno va a implementar en el Departamento va a ser la confirmación de Pam Bondi como nueva fiscal general. Bondi fue designada tras la renuncia de Matt Gaetz, primer candidato de Trump, que abandonó la candidatura tras las presiones por sus acusaciones de pagar a menores a cambio de sexo.

Amenaza a funcionarios locales

En este contexto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido un memorando con instrucciones para investigar y procesar a funcionarios locales que no cumplan con las órdenes del Gobierno de Donald Trump sobre inmigración.

El memorando, que circula entre el personal del Departamento y ha sido publicado por medios estadounidenses, está firmado por el vicefiscal general en funciones, Emil Bove.

«La ley federal prohíbe que las autoridades estatales y locales se resistan, obstruyan o incumplan de cualquier forma con órdenes y solicitudes legales relacionadas con la inmigración», apunta el memorando.

«Las oficinas de los fiscales federales y las divisiones legales del Departamento de Justicia investigarán estos casos de mala conducta para determinar si ameritan un posible proceso penal», añade el texto.

La orden tiene como objetivo a los funcionarios de las llamadas 'ciudades santuario', decenas de urbes, entre las cuales están las más grandes del país, que no colaboran en temas migratorios con el Gobierno de Estados Unidos.

De hecho, el memorando también insta a los funcionarios del Departamento de Justicia a que tomen medidas legales en contra de las llamadas 'leyes santuario'.

Trump ha puesto la migración y la seguridad fronteriza como los pilares de su segundo mandato en la Casa Blanca, con la amenaza de macroredadas y deportaciones masivas.