Estados Unidos manda a El Salvador a los primeros deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

Un total de 238 miembros de la organización criminal venezolana del Tren de Aragua más una veintena de integrantes de la Mara Salvatrucha han sido expulsados desde Estados Unidos al Centro de Reclusión para Terroristas de El Salvador a través de una polémica ley estadounidense que capacita a su presidente, Donald Trump, a recurrir a poderes de guerra para acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados acusados de pertenencia a organizaciones terroristas.

El anuncio ha sido realizado al unísono en redes sociales por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien ha precisado que la expulsión afecta a un total aproximado de 273 encarcelados: más de 250 miembros del Tren de Aragua, de los cuales238 ya están en territorio salvadoreño, y dos líderes más 21 subordinados de la Mara Salvatrucha, la MS-13.

Rubio detalló en X, antes Twitter, que Bukele había ofrecido mantener a los acusados de ser miembros del Tren de Aragua «en sus muy buenas cárceles a un precio justo», lo que en su opinión «también ahorrará dólares» a los contribuyentes estadounidenses.

«Una vez más, el presidente Bukele ha demostrado que no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino también un gran amigo de Estados Unidos», añadió en un comunicado el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio consideró que Donald Trump «está cumpliendo las promesas que le hizo al pueblo estadounidense» y que la expulsión de «cientos de criminales violentos» nunca se habría dado bajo ningún otro mandatario estadounidense.

Para acelerar las deportaciones contra miembros de Tren de Aragua, Trump decidió este sábado aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, que se remonta a 1798 y que no había sido invocada desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Es una autoridad que en tiempos de guerra permite detener o deportar a los ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa y, bajo la misma, todos los venezolanos mayores de 14 años que se considere que pertenezcan a esa banda, se encuentren en EE.UU. y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.

Antes de su invocación, no obstante, el juez federal James Boasberg había prohibido preventivamente su aplicación contra la deportación de cinco venezolanos, y poco después de la misma amplió su veto para cubrir a todos los no ciudadanos bajo custodia de Estados Unidos que estarían sujetos a dicha normativa.

El magistrado detalló en su orden, en vigor durante 14 días o hasta nuevo aviso, que todo avión con esas personas a bordo, que fuera a despegar o que estuviera en el aire debía volver a Estados Unidos.