Donald Trump, presidente de EE.UU.
Estados Unidos
El pulso de Trump con el poder Judicial por los despidos masivos, recortes federales y deportaciones exprés
Actualmente hay más de 100 demandas judiciales activas contra las drásticas medidas tomadas por el Gobierno de Donald Trump
Los despidos masivos en el Gobierno Federal, el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo y las deportaciones exprés de inmigrantes ilegales impulsadas por el presidente Donald Trump enfrentan resistencia en los tribunales de EE.UU.
Hasta el 15 de marzo, al menos 46 decisiones judiciales han pausado, al menos temporalmente, algunas de las iniciativas del presidente Trump.
Los abogados del Departamento de Justicia han argumentado el amplio poder ejecutivo otorgado por la Constitución para reforzar la legalidad de las drásticas medidas del presidente Trump.
De acuerdo con un recuento del New York Times, el número de demandas activas en tribunales federales que impugnan acciones de la administración republicana llegó a 100 a inicio de este mes. En 21 de esos casos, los jueces habían emitido órdenes de restricción temporales o medidas cautelares, deteniendo al menos por un tiempo, partes de la agenda del segundo mandato de Trump.Los jueces de primera instancia han emitido órdenes temporales que bloquean el despido de funcionarios públicos, el acceso del equipo de Elon Musk a datos sensibles de la agencia, la reubicación de reclusas transgénero en prisiones de hombres, la detención de inmigrantes ilegales dentro de las casas de culto y la congelación de hasta tres billones de dólares en fondos federales para cooperación exterior ligada a la Agenda 2030.
La administración de Trump ya ha solicitado la intervención de tribunales superiores. La Corte Suprema ha comenzado a intervenir, fallando una vez a favor de la administración y dos veces en contra.
Despidos de funcionarios públicos
El gobierno ha despedido o suspendido a miles de empleados federales. Uno de estos casos, Dellinger v. Bessent, es la primera impugnación legal que la administración ha presentado ante la Corte Suprema. En dicha apelación, el Supremo emitió un fallo preliminar en contra de la administración.
En otro caso, un juez federal detuvo temporalmente el desmantelamiento de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.
Congelación de fondos federales
El esfuerzo para desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) está en suspenso después de que la Corte Suprema se puso del lado de un juez de distrito, quien ordenó que se restableciera la financiación a la agencia.
Los jueces también han ordenado a la administración que descongele los fondos, pero la administración del presidente Trump ha explotado varias lagunas legales para mantener los fondos bloqueados.
Ciudadanía por derecho de nacimiento
Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento, pero varios jueces han emitido órdenes temporales para detener esta medida.
Según la orden ejecutiva de Trump, el gobierno dejaría de tratar a los niños como ciudadanos estadounidenses si nacen en Estados Unidos de padres indocumentados o que se encuentran en el país legalmente pero temporalmente.
La DOGE de Musk
La mayor parte de las demandas judiciales presentadas contra el Gobierno Federal están orientadas contra el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) dirigido por Musk.
El grupo de eficiencia gubernamental de Musk obtuvo acceso a los sistemas de pagos y datos del Departamento del Tesoro, lo que provocó una demanda por parte de 19 fiscales generales de Estados controlados por los demócratas. Una orden judicial impidió que los empleados de DOGE accedieran a los sistemas.
En febrero, Musk, quien encabezó un esfuerzo para reducir el tamaño del gobierno, se quejó en las redes sociales de que si un juez podía bloquear una orden presidencial en todo el país, «NO tenemos democracia, tenemos TIRANÍA del PODER JUDICIAL».
Deportaciones exprés hacia El Salvador
El argumento de que los pandilleros extranjeros pueden ser deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros está siendo cuestionada en los tribunales. La redacción de esta legislación, de 227 años de antigüedad, permite principalmente su uso cuando existe una guerra declarada entre Estados Unidos y cualquier nación o gobierno extranjero.
En la orden ejecutiva que anuncia que se usará la legislación, Trump alegó que el Tren de Aragua se había «infiltrado» en el Gobierno venezolano Nicolás Maduro y que esto había impulsado la creación de un «estado criminal híbrido» que está invadiendo Estados Unidos.
En una audiencia judicial de emergencia el sábado por la noche, el juez federal de distrito James Boasberg bloqueó la deportación de inmigrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Boasberg emitió una orden verbal para que todos los aviones involucrados regresaran a EE.UU. sin embargo las aeronaves ya se encontraban fuera del espacio aéreo estadounidense, según justificó a Casa Blanca.
El Departamento de Justicia solicitó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia que expulsara a Boasberg del caso.
