«¿Qué hiciste la semana pasada?» y despido de funcionarios: ¿Puede llegar a España la «motosierra» de Musk?

Elon Musk, el líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del Gobierno estadounidense de Donald Trump, ha asumido la responsabilidad de recortar gastos y optimizar recursos en la administración federal. Una de sus iniciativas, que ha sido conocida este fin de semana, es la obligación de que todos los empleados federales presenten un informe semanal detallando sus actividades laborales.

Los funcionarios estadounidenses han recibido un correo electrónico, marcado como asunto «¿Qué hiciste la semana pasada?», en el que se les obliga a resumir en «cinco puntos» el trabajo que realizaron en los últimos días. La fecha límite para contestar era este lunes a medianoche y según anunció Musk en su red social X, «la falta de respuesta será considerada como una renuncia».

Esta medida impuesta por la Administración Trump no sería posible extrapolarla a España, principalmente porque en nuestro país no se puede despedir a los funcionarios, a no ser que cometa una falta extremadamente grave. Mientras, en Estados Unidos existen divergencia de opiniones, pero todos los despidos masivos que se han producido desde que Trump llegó al poder hacen pensar que sí –a excepción de los que ha frenado un juez–. En primer lugar, ofreció una indemnización de ocho meses de salario a todos los empleados federales que renunciasen a sus trabajos de manera voluntaria. Y posteriormente se produjeron grandes despidos en diferentes departamentos y agencias, el último la suspensión de todos los trabajadores de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), salvo contadas excepciones, y la eliminación de al menos 1.600 de sus empleos en el país.

«Este planteamiento es similar al que se utilizaba en España en el Siglo XIX. Cada vez que había un cambio de gobierno se cesaba a todos lo funcionarios», aseguran fuentes del sindicato de los funcionarios, CSIF. También consideran que «en épocas de crisis transciende la idea de que hay muchos funcionarios, que son vagos y no trabajan. Son ideas generalizadas, a veces malintencionadas, que hacen mucho daño, y no es así, porque los empleados públicos de nuestro país son los máximos garantes del funcionamiento de nuestro sistema de prestaciones y servicios».

Actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado en el que se recoge la evaluación del desempeño, y se valorará su conducta profesional, así como su rendimiento y los resultados obtenidos. «Esto permitirá desterrar cualquier tipo de sospecha y reconocer el trabajo de los funcionarios. También motivará a nuestra plantilla y premiará el buen hacer», celebran desde CSIF.

Existe la creencia de que los empleados públicos son inamovibles, pero actualmente –aunque si bien es cierto que es complicado que esto ocurra ya que tienen que llevarse a cabo faltas muy graves– el Estatuto Básico del Empleado Público recoge un sistema de sanciones. En él se estable que «por razón de las faltas cometidas se pueden imponer distintos tipos de sanciones». Por un lado, se podrá suspender de empleo y sueldo a los funcionarios, «que en el caso de los interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves».

Si el funcionario comete una falta muy grave –recogidas en dicha normativa– también se podrá proceder al despido disciplinario, que comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.

Otro tipo de sanciones son la suspensión de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años; el traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el periodo que en cada caso se establezca; el apercibimiento; el demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria; o cualquier otra que se establezca por ley.

En el caso del demérito, el nuevo proyecto ley de Función Pública, recoge que podrá consistir en la pérdida de hasta dos tramos en el sistema de carrera horizontal; la privación del derecho a solicitar el ascenso de tramo por un período de entre dos años y cuatros años; o la imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de promoción interna por un período de entre dos y cuatro años.

La norma recoge igualmente la posibilidad de perder ascensos logrados por concurso. Algo que ocurrirá mediante resolución motivada del órgano competente y tras haber pasado seis meses. Entre los motivos que recoge el texto figura la falta manifiesta de capacidad para el cargo, un rendimiento insuficiente o la falta de adaptación a las tareas del puesto.

Además, desde CSIF reclaman la despolitización de las Administraciones Públicas y que los empleos públicos y los altos cargos sean ocupados por funcionarios, no por cargos políticos, ni afines al partido político que gobierne en ese momento.

¿Y en empresas privadas?

La propuesta de Elon Musk si se podría llevar a cabo en las empresas privadas, siempre y cuando se pongan sobre la mesa las reglas del juego. «Habría que definir los objetivos a principio de año, tanto personales, como por departamentos», explica Pilar Llacer, experta en recursos humanos y vicepresidenta de cultura y personas en Both.

Si esto está claramente definido, podría afectar de manera positiva en la productividad y en la salud mental de los trabajadores. «Para ello, el jefe tendrá que distribuir de manera adecuada la carga de trabajo y de manera consensuada con el empleado. Ya que en ocasiones cargamos de trabajo al que mejor lo hace y al que peor trabaja no le asignamos nada», concluye.