Reino Unido recorta el gasto social para elevar la inversión en defensa hasta el 2,5 %

El Gobierno laborista de Keir Starmer ha decidido reforzar su compromiso con la defensa nacional en un momento de crecientes tensiones geopolíticas. La decisión de aumentar el gasto en defensa del 2,3 % al 2,5 % del PIB en solo dos años responde a la necesidad de asegurar el papel del Reino Unido en el nuevo orden mundial. Sin embargo, este esfuerzo militar no viene sin consecuencias: el Ejecutivo también ha anunciado recortes en el gasto público y en el estado del bienestar, generando una fuerte oposición tanto dentro como fuera del partido.

El contexto global ha cambiado drásticamente en los últimos años. La invasión rusa de Ucrania, el conflicto en Oriente Medio y la incertidumbre económica han empujado a muchas naciones europeas a reforzar sus capacidades defensivas. Reino Unido no ha sido la excepción. Starmer ha encontrado en su apoyo a Ucrania y en su ambición de liderazgo militar europeo una vía para fortalecer su imagen política. No obstante, esta estrategia ha implicado sacrificios en otras áreas, particularmente en los programas de asistencia social y desarrollo internacional.

La ministra de Economía, Rachel Reeves, ha justificado estos recortes con la necesidad de mantener la estabilidad fiscal y evitar una espiral de endeudamiento. Sin embargo, la decisión ha generado malestar dentro del propio Partido Laborista. Sectores más progresistas del partido critican que se reduzca la ayuda internacional del 0,5 % al 0,3 % del PIB y que se recorten fondos destinados a programas sociales.

La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria ha rebajado sus previsiones de crecimiento económico, lo que ha obligado al Gobierno a tomar medidas adicionales para cuadrar las cuentas. Entre ellas, se incluyen la congelación del Crédito Universal, principal apoyo económico para las familias vulnerables, y la reducción de subvenciones para personas con discapacidad. Estas medidas han sido recibidas con rechazo por organizaciones sociales y parlamentarios laboristas que temen que aumente la pobreza y la desigualdad.

En el Reino Unido, país que tiene actualmente el nivel más alto de endeudamiento desde los pasados años sesenta, el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años —el coste de la financiación pública— ha aumentado del 4 % el año pasado al actual 4,8 %.

Además, según Reeves, el Reino Unido alcanzará un superávit presupuestario de 9.900 millones de libras (11.800 millones de euros) en el año fiscal 2029/30 debido a una serie de medidas para contener el gasto público.

El exministro John McDonnell, una de las voces más críticas dentro del partido, ha calificado los recortes de «devastadores e inmorales» y ha pedido que el Gobierno rectifique. Sin embargo, el Ejecutivo se mantiene firme en su postura, argumentando que la prioridad es garantizar la seguridad nacional y el liderazgo británico.

Entre la austeridad y la rearmamentación

El gasto en defensa es solo una parte de la estrategia económica de Starmer. Su Gobierno también ha prometido impulsar la inversión en infraestructuras, vivienda social y transporte, además de fomentar el desarrollo tecnológico en áreas como la inteligencia artificial. Sin embargo, estos planes aún no se han traducido en medidas concretas, lo que genera escepticismo entre ciudadanos y analistas.

Mientras tanto, la economía británica sigue mostrando signos de debilidad. La inflación sigue siendo alta y el crecimiento económico es más lento de lo previsto, lo que complica la aplicación de reformas ambiciosas sin aumentar la carga fiscal o la deuda pública. En este difícil equilibrio, Starmer apuesta por una estrategia de firmeza en política exterior y disciplina fiscal en el ámbito interno, una combinación que, de momento, divide a su propio partido y genera incertidumbre en la población.