Cómo refundar la Unión Europea devolviendo competencias a los gobiernos

El titular deja poco espacio a la duda: El gran reseteo: restaurar la soberanía de los Estados miembros en la Unión Europea. Sus cuatro autores pertenecen al Instituto Ordo Iuris de Varsovia y al Mathias Corvinus Colegium de Budapest, dos think tank desacomplejadamente conservadores, críticos desde hace tiempo con la deriva federalista tomada por la Unión Europea.

Alegan que, «a pesar de los ambiciosos objetivos establecidos por las Estrategias de Lisboa de 2000 y 2010 —convertirse en 'la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible con más y mejores empleos y una mayor cohesión social'— Europa ha experimentado un declive acelerado en el siglo XXI. Si bien el enfoque de 'mayor cohesión' ha demostrado ser un rotundo fracaso, sigue promoviéndose como la solución a las mismas dificultades que crea».

Por lo tanto, parten de la premisa según la cual «el enfoque no debería centrarse en la 'soberanía de la UE', sino en la soberanía nacional; no en la legislación judicial impuesta por un tribunal supranacional de jueces no electos, sino en el Estado de derecho; no en el dominio de las instituciones tecnocráticas, sino en la democracia representativa; no en la centralización, sino en la subsidiariedad; no en las regulaciones impuestas, sino en el libre mercado; y no en la censura ideológica, sino en la libertad de expresión». Para los europeístas acérrimos significa dar un paso hacia atrás de más de tres décadas, por lo menos hasta el Tratado de Maastricht, que instituyó la Unión Europea, en vigor desde el 1 de enero de 1993.

Una pauta que asumen los autores del Gran reseteo. En su opinión para devolver el vigor a una UE aletargada por su burocracia y su paulatino acaparamiento de las competencias nacionales. De ahí que sugieran dos escenarios de reforma de la institución comunitaria.

El primero, Vuelta a las raíces, presupone como premisa que el marco jurídico vigente de la Unión Europea debería reformarse mediante la descentralización, la desregulación y la democratización. En lugar de buscar una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, el enfoque debería centrarse en fomentar una estrecha cooperación entre los pueblos y las naciones del Viejo Continente. «Las regulaciones de la UE que promueven el desarrollo económico común deberían mantenerse, mientras que las que lo obstaculizan deberían eliminarse».

Así las cosas, formulan una veintena de propuestas. La primera, sin pararse en barras, aboga, a favor de que la UE pase a llamarse «Comunidad Europea de Naciones», «para reflejar una visión renovada que priorice la soberanía nacional, la cooperación intergubernamental y las alianzas voluntarias sobre la integración supranacional». Un choque frontal con el concepto de «soberanía europea», favorecido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los gobernantes de Alemania, Francia o España.

Sin embargo, los autores del informe insisten en que «al retomar los principios fundacionales del proyecto europeo, la entidad refundada enfatizaría la flexibilidad, el respeto por las identidades nacionales y una toma de decisiones basada en la soberanía nacional». Más claro, el agua.

Las siguientes propuestas de reforma institucional de la UE recogen otras ya glosadas desde hace años desde ambientes euroescépticos –sin que esta palabra deba ser interpretadas de forma despectiva– o, por lo menos, críticos con la cada vez mayor concentración de poder en manos bruselenses.

Las propuestas en cuestión van desde introducir una cláusula general de exclusión voluntaria en los Tratados, que permita a los Estados miembros suspender su participación en una legislación vigente o excluirse de una legislación recién adoptada, de acuerdo con el principio de flexibilidad basado en el interés nacional al establecimiento de un «escudo de competencias nacionales» mediante la inclusión en el Tratado de la Unión Europea de una disposición específica que describe una lista de competencias legalmente protegidas de cualquier injerencia de la UE.

Alusión a la pretensión de ciertos sectores bruselenses de que rija el contenido de la agenda LGBT

Esta última «no tendría ninguna incidencia directa ni indirecta en estos ámbitos, ni por vía legislativa ni judicial. Esta lista debería incluir la familia, el orden público, el orden moral y la educación». Clara alusión a la pretensión de ciertos sectores bruselenses de que rija el contenido de la agenda LGBT, por ejemplo.

También recoge ideas manidas desde hace años como el recorte de competencias de la Comisión Europea, que pasaría a estar supeditada al Consejo de la Unión Europea –integrado por los jefes de Estado y de Gobierno–, o la reconversión de la Eurocámara en una Asamblea Consultiva cuyos miembros serían designados por los Parlamentos nacionales. Así era antes de 1979, año en que los europeos eligieron por primera vez a sus representantes en Estrasburgo y Bruselas. Por lo tanto, poca aportación novedosa en este aspecto.

En cambio, sí que innova el informe en lo tocante al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al proponer redefinirla como un tribunal administrativo de dos niveles, limitando su función y excluyéndolo de la resolución de conflictos de competencias entre la UE y los Estados miembros. Un intento de acotar las funciones de una institución que, según algunos –los autores del informe, sin ir más lejos– lleva demasiado tiempo extralimitándose en sus funciones para convertirse en una Corte Suprema de tipo norteamericano o en un Tribunal Constitucional a la española.

Entonces, ¿cómo se resolverían los litigios entre Estados miembros e instituciones europeas? «En cooperación con una asamblea de pares compuesta por tribunales constitucionales o supremos nacionales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya no tendrá la autoridad para interpretar los Tratados ni imponer sanciones financieras en virtud de procedimientos de infracción».

Un cuestionamiento en toda regla de la tendencia jurisprudencial dominante. Preguntado por El Debate, Jerzy Kwasniewski, uno de los autores del informe y presidente de Ordo Iuris, señala que el TJUE es «simplemente un órgano de una organización internacional establecido por consenso de los Estados parte en los tratados. La misma fuente de poder (el consenso) puede configurar arbitrariamente tanto la jurisdicción de la Corte como el alcance de sus poderes, incluyendo la facultad de los Estados miembros de retirarle la facultad de interpretar los tratados y cederla a los jefes de gobierno de los Estados miembros, controlados democráticamente, en el Consejo». «Todo esto es legalmente factible y depende únicamente de la voluntad política de los estados miembros de la UE», precisa.

Si la vía de la vuelta a las raíces no funcionara, el informe sugiere otro escenario, Un nuevo inicio, perspectiva de ruptura radical con las actuales estructuras burocráticas, engorrosas, ineficientes y costosas, que aboga por la disolución de la UE en su forma actual y el establecimiento de un nuevo marco organizativo para la cooperación europea. Este nuevo marco se adheriría a los principios fundamentales de la cooperación, garantizando el logro exitoso de los objetivos de cooperación en Europa. Una radicalidad intelectual y metodológica. El debate sobre el futuro de Europa está abierto.