Delito
La última técnica para burlar los radares de velocidad que ya persigue la DGT
La tecnología está detrás de métodos como este que pese a ser sencillos hacen prácticamente indetectables a los coches que circulan por encima de la velocidad máxima
Por el momento es un simple truco viral que corre como la pólvora en las redes sociales, se trata del último método para evitar que los radares de velocidad y las cámaras fijas que hay en las ciudades puedan captar las matrículas de los coches.
El procedimiento es extremadamente sencillo, barato y casi imperceptible a simple vista. Para llevarlo a cabo basta con comprar unas pegatinas que reproducen el tipo de letra y el tamaño exacto de los números de las matrículas de los vehículos. En este caso el vídeo de redes sociales que nos puso tras la pista es de Italia, pues la matrícula tiene el distintivo geográfico de aquel país.
Sencillo pero ilegal
Primero hay que limpiar bien la matrícula para que las nuevas letras y números se adhieran correctamente encima. De esta forma basta con colocar el número o la letra correspondiente encima de los de la matrícula real del coche, si realizamos bien la operación el resultado es imperceptible a simple vista.
Estas pegatinas tienen un tratamiento especial que las hace invisibles para las cámaras de fotos o vídeo, de esta manera aunque superemos la velocidad máxima, el dispositivo tan sólo puede captar imágenes del coche, pues la matrícula del mismo aparecerá completamente en blanco o sólo parcialmente, en función de los números que hayamos ocultado.
Truco importado
Por el momento no hay constancia de que se hayan detectado casos en España, pero teniendo en cuenta la velocidad a la que van este tipo de trucos nos es extraño que lo veamos en breve.
En nuestro país este tipo de delito estaría tipificado como una infracción grave sancionada con una multa de 200 euros.
En cambio, si modificamos a propósito números o letras de una matrícula se trataría de un delito de falsificación de un documento oficial, en este caso tipificado como un delito que se castiga con penas de cárcel entre seis meses y tres años y una multa de 6.000 euros.