El fin justifica los peores medios

Alberto Fujimori fue absolutamente un político hasta semanas antes de las elecciones presidenciales peruanas de 1990, en las que, con su nuevo partido, Cambio 90, derrotó al candidato favorito de centro-derecha, el escritor Mario Vargas Llosa. Fue, por lo tanto, la primera persona de ascendencia asiática en convertirse en jefe de Estado de un país latinoamericano. Mas no estaba aquí para lograr marcas anecdóticas, sino para intentar resolver los problemas de un Perú con males endémicos.

Se puso inmediatamente manos a la obra y los resultados empezaron a llegar: en el haber de Fujimori está el conseguir la estabilidad macroeconómica tras la desastrosa presidencia del socialista Alan García, que había legado una tasa de inflación superior al 7.000%. También pudo presumir de haber derrotado los movimientos revolucionarios marxistas y terroristas, Sendero Luminoso y Túpac Amaru, que controlaban y aterrorizaban gran parte del campo y los barrios marginales de Perú. Asimismo, la opinión pública internacional pudo comprobar a finales de 1997 cómo, sin que le temblase la mano, dirigió personalmente el rescate de 74 rehenes retenidos por los rebeldes de Tupac Amaru en la residencia del embajador japonés en Lima. El asedio terminó con el asalto de comandos al edificio, en el que murieron los 14 terroristas.

Sin embargo, cuando obtuvo ese último éxito, ya llevaba un lustro gobernando de forma poco democrática, desde que, en 1992, Fujimori enviara al Ejército para cerrar el Congreso y los tribunales del país. Aprovechó el autogolpe para hacer aprobar una nueva Constitución. Se había acabado, en la práctica, el Estado de derecho en Perú. Se puede incluso decir que el proceso había empezado desde que un tipo sin escrúpulos, Vladimiro Montesinos, había empezado a gestionar todos los servicios de inteligencia del país, primer paso para ejercer un control social absoluto de Perú; no solo de sus instituciones.

La peculiar tiranía empezó a decaer en septiembre de 2000, cuatro meses después de que Fujimori fuera reelegido por tercera vez, cuando un canal de televisión por cable difundió un vídeo en el que Montesinos aparecía dando un soborno de 15.000 dólares a un congresista de la oposición para que desertara y se pasara al partido de Fujimori. Las acusaciones comprometieron seriamente a Fujimori, que anunció unas nuevas elecciones, en las que declaró que no participaría.

No solo no participó, sino que, a finales de ese mismo año, acorralado, aprovechó su presencia en una cumbre internacional en Brunei para exiliarse en Japón, el país de sus antepasados y del que conservaba el pasaporte, lo que le evitaba en principio, una extradición. Pero la consecuencia de la huida fue el inicio de la acción penal: a principios de 2001, la Corte Suprema de Perú ordenó la detención de Fujimori por diversos cargos, entre ellos su presunta implicación con el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte paramilitar adscrito al Servicio de Inteligencia de Perú, presuntamente responsable de varias «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales.

El prófugo negó todas las acusaciones, alegando ser víctima de una persecución política. En 2003, Japón rechazó una solicitud formal de extradición. Impávido ante los procesos judiciales abiertos contra él, Fujimori creó en 2003, desde Japón, un nuevo partido político en Perú, Sí Cumple, para participar en las elecciones presidenciales de 2006.

Ante la evidencia de que su partido obtenía un 30% en las encuestas, en octubre de 2005 anunció que planeaba su regreso a la política. Pero en 2007 fue finalmente extraditado a Perú, y en 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos. Por lo menos logró perpetuar la estirpe a través de su hija Keiko, candidato en varias ocasiones.