Compromiso integral con la profesión de abogado

Carlos Carnicer Díez no era solo un letrado brillante, sino que entendía su profesión como un auténtico sacerdocio. Baste decir que dedicó 25 años consecutivos de su vida activa a desempeñar cargos orgánicos: decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, su ciudad natal —ejercía orgullosamente de aragonés— entre 1991 y 2001, asumiendo desde ese año hasta 2016 la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española. Su brújula era la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Como ha recordado estos días el periodista Francisco Muro de Íscar, que bien le conoció, Carnicer solía terminar sus intervenciones citando el artículo 1: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». Una premisa que, en la mente de Carnicer, era válida en cualquier caso. Nada extraño, así las cosas, que uno de los mensajes que han homenajeado su memoria desde que falleciera el pasado sábado sea el producido por la Asociación Internacional de Juristas por el Pueblo Saharaui, promotores de una causa que últimamente no genera gran interés entre las élites españolas.

De lo que tampoco se puede dudar es de la eficacia surtida por la gestión de Carnicer al frente del Consejo General de la Abogacía Española: en Zaragoza impulsó el primer servicio de atención a mujeres maltratadas, mientras que a nivel, nacional, a lo largo de sus tres lustros de mandato, contribuyó al proceso que desembocó en la aprobación de la Ley de Acceso a la Abogacía, a la eliminación de las tasas judiciales –llegó a organizar una huelga de abogados para que entrase en vigor la medida– y también a la implantación del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita. Asimismo, actuó para favorecer la resolución extrajudicial de conflictos, agilizando el funcionamiento de los tribunales.