Pues sí: son socialistas y comunistas

Si tienes un Ejecutivo de coalición social-comunista al frente de tu país no cabe esperar que gobiernen precisamente bajo la iluminación de Adam Smith, Hayek, Popper y Milton Friedman. Lo esperable es que arruguen la nariz ante la propiedad privada y los beneficios empresariales, intenten eludir las reglas de juego limpio que oxigenan las democracias y tiendan a acogotar fiscalmente a todo aquel que se esfuerza por prosperar. Y eso es lo que está ocurriendo en España: son comunistas y socialistas y actúan en consecuencia. Es su naturaleza.

Ahora lo llaman «progresismo». Pero vienen a ser los añejos tics comunistas y socialistas de siempre, envueltos en un poco de celofán digital y la ñoñería que distingue a la Generación Copo de Nieve. Por eso restringieron de manera autoritaria las libertades más elementales durante el confinamiento, como determinó el pronunciamiento del Constitucional. Por eso el primer reflejo de Sánchez en el pico del covid consistió en dar bajonazo al Parlamento durante seis meses, cercenando así el debate y la crítica en la sede de la soberanía nacional, como le acaba de afear este martes otra decisión del TC. En una democracia madura dos revolcones judiciales de tal calibre pondrían la continuidad del presidente en el alero (aquí estamos distraídos con monográficos informativos sobre el volcán y todo pasa de puntillas).

Ideas comunistas y socialistas, sí. Por eso se han lanzado a una carrera intervencionista. Comenzó con el rejón a las eléctricas, colleja a la seguridad jurídica que nada ha arreglado, pues el recibo sigue en la estratosfera (228,5 euros). La ofensiva ha continuado con la batería de medidas en el mercado de la vivienda, dictada por Podemos como precio por su apoyo a los Presupuestos. Como guinda, presentan programas de claro aroma peronista. La subvención que ha anunciado Sánchez de 250 euros al mes a los jóvenes para el alquiler de pisos tiene una obvia meta política: pretende comprar el voto de los chavales a golpe de talonario, en un país que tiene su deuda pública disparada por encima del 120 % del PIB (en 2020, con nuestro gran Gobierno social-comunista, creció casi el doble que la de la zona euro). Se está pagando su campaña electoral a costa del erario público, de engrosar la deuda.

No entienden nada. Es como si hubiesen vivido en una probeta ideológica snob y no hubiesen pisado la calle. En España muchos propietarios de pisos de alquiler son personas que se han deslomado trabajando para hacerse con esos inmuebles y los han comprado como un colchón económico para su madurez. Conozco numerosas historias de emigrantes gallegos que bregaron de sol a sol en Suiza o Inglaterra, de manera casi inhumana, para comprarse un piso en su terruño y ponerlo en alquiler como una renta para su vejez, ¿por qué tiene el Gobierno que penalizarlos por imperativo de Podemos? Si una persona ha logrado con su esfuerzo, o por herencia familiar, comprarse una segunda residencia y desea tenerla vacía, o ir a ella de en vez en cuando, ¿quién es el Estado para meter la cuchara en su libre albedrío penalizándolo con un IBI en forma de rejonazo?

Les desagrada la libertad. Les fascina el intervencionismo. Aspiran a legislar hasta sobre nuestra psique. Y no es hipérbole ni choteo. Nuestra enfática –¿o será fanática?– ministra de Igualdad ya anuncia una ley para legislar contra las miradas impúdicas en las empresas. ¿Cómo se medirá la impudicia que palpita en las pupilas? ¿Habrá un CMRO (Comité de Medición de la Rijosidad Ocular) en cada centro de trabajo, con un comisario de Podemos al cargo? Si resucita Orwell flipa. Sus distopías van camino de quedarse cortas.