Amnistía y anestesia

Tiene toda la lógica que, en un país donde se regala el título de doctor al presidente del Gobierno y se le permite plagiar su tesis, se legisle el aprobado general: los niños no pueden ser menos que Pedro Sánchez, el primer beneficiario del suspenso como ascensor social.

Ni tampoco tener menos aspiraciones que Adriana Lastra, que es al mundo de los ninis con éxito lo que Jeff Bezos al de envíos de paquetes, y perdón por la redundancia.

El cúmulo de decisiones estúpidas, pero no inocentes, empieza a hacer de este Gobierno un ejemplo canónico de ese odio que, según Baudelaire, es siempre el borracho pendenciero al fondo de la taberna.

Lo mismo despenaliza los piquetes violentos que tipifica los rezos a cien metros de una clínica en la que sí podrán estar, linchando a policías por fascistas, todos los amantes de la capucha como uniforme de trabajo.

Y lo mismo indulta a la pobre Juana Rivas, usándola otra vez para indultar en realidad a Irene Montero, a sus leyes trastornadas y a sus discursos de Beauvoir de extrarradio; que condena a Álvaro Cunqueiro, ese gallego ilustre a quien la sectaria disfrazada de Mary Poppins que un día gobernara Madrid, retiró la calle por fascista.

Promocionar de curso sin saber que una esdrújula no es un pez y una ecuación no es un cóctel, y añadirle 400 euros de paguita para videojuegos previamente confiscados al padre; corona esa apuesta por colonizar las mentes más laxas según la teoría de Laclau, Sartori y otros brasas de cabecera de la coalición de populistas que perpetra fechorías en España desde el BOE.

Primero probaron con intentar prohibir las procesiones o travestir las cabalgatas de los Reyes Magos; después por promover las injurias a los símbolos nacionales y ponerle al himno, si fuera menester, una letra de Valtonyc y, al fracasar en todo ello, han optado por regalar los títulos a ver si con ello salen del colegio lo suficientemente tontos como para votarles a ellos.

La guinda de un pastel amargo, que demora la edad en que aprendemos que la vida no da aprobados generales y hace más duro el fracaso, es la derogación parcial de la Ley de Amnistía de 1977, auspiciada por el PSOE y Podemos en su incesante intentona de resucitar a Franco.

Que aquella ley fuera pedida sobre todo por la izquierda y sobre todo por diputados vascos, entre reticencias de Alianza Popular, importa poco si el objetivo es reconstruir una España ficticia de trincheras y demoler todos los puentes posibles.

A un niño con estudios estas cosas le darían grima; pero a un chaval con barra libre para insultar al Rey, imitar a El Rastas, denigrar a un policía o cerrar a patadas un comercio en una huelga general; puede resultarle tentador ingresar en el maquis posmoderno de Sánchez y consagrar su vida a perseguir franquistas imaginarios.

Y con suerte, si se arrima a la sentina adecuada, llegará a ministro.