España: cuando la ley es papel de fumar

Un país avanzado donde se admite que la ley no es igual para todos tiene pésimo pronóstico. La tolerancia ante la insumisión sistemática contra las normas va necrosando el Estado de derecho, que acaba convirtiéndose en el pito del sereno. Además, se suscita una enorme desazón entre los ciudadanos y gobiernos regionales cumplidores, que no entienden por qué la ley los obliga a ellos y no a otros de sus compatriotas.

En España existen ya zonas de exclusión para todo lo que huela mínimamente a Estado. En el País Vasco hasta se cambiado la rotulación de los estancos, de estética común en toda España, para poner «Tabakoak» –sin duda palabra del vascuence ancestral– en lugar de «Tabaco», que les suena fachoso. En Cataluña se aprobaron en su día unas leyes aberrantes, que ahí siguen, por las que so pena de multazo te prohíben rotular tu establecimiento en castellano, «lengua oficial del Estado» según la Constitución. ¿Por qué se hace eso? Pues porque el poder nacionalista quiere borrar de la vida pública todo vestigio que asocie sus territorios a España y lo español.

Si ese rodillo nacionalista no ha podido acabar todavía con la huella española se debe a que es indeleble, insoslayable. El castellano sigue siendo la lengua más hablada en el País Vasco y Cataluña, a pesar del dineral enterrado en «inmersiones». En cuanto al supuesto hecho identitario que convertiría a vascos y catalanes en unos seres singularísimos respecto al resto de los españoles, en realidad se trata de una coña nacionalista (barnizada por un prurito de superioridad). Un paisano de Barcelona o de Tarragona comparte historia, hábitos idiomáticos, religiosos, alimenticios, culturales, de consumo, deportivos y de ocio con uno de Sevilla, Madrid o La Coruña. Somos clavados, porque llevamos muchos siglos juntos. Esa es la verdad.

España aguanta la presión separatista porque es un país de raíces muy fuertes. Pero ahora soporta algo insólito: quien da alas a los enemigos de España es el propio presidente de su Gobierno, aliado gentil de separatistas y filoetarras e irritado y faltón con los partidos defensores de la unidad nacional. El resultado es que tenemos un Gobierno que ha ahondado en un error que empezó en la etapa de Zapatero y continuó en la de Rajoy: tolerar que una región se fume a la brava las leyes comunes.

Un informe acaba de revelar que solo 125 de 947 municipios catalanes cumplen la ley que los obliga a colocar la bandera española en sus fachadas. Además, en Cataluña se han venido vulnerando también por sistema las normas y sentencias que en teoría consagran la enseñanza en español en la comunidad.

Una sentencia firme del Supremo, conocida este martes, desestima un recurso del Gobierno catalán y reafirma su obligación de impartir el 25 % de las clases en español (que tampoco es mucho). El más alto Tribunal del país liquida así la llamada inmersión lingüística que tejió el pujolismo. ¿Se trasladará a las aulas catalanas lo que exige el Supremo, u ocurrirá como con el cachondeo de las banderas? Sánchez tiene una patata caliente en sus manos. Si no atiende al mandato establecido por la sentencia del Supremo podría ser acusado hasta de prevaricar. Pero si atendiese a lo que ordena la sentencia, sus socios separatistas que lo sostienen podrían dejarlo caer.

El presidente catalán, de ERC, partido impulsor del golpe de hace cuatro años, ya ha anunciado abiertamente que incumplirá la sentencia. Pero pierdan toda esperanza: por supuesto que Sánchez no obligará a sus aliados separatistas a cumplir la ley (reserva su vigor para acosar al Rey Juan Carlos). Pero si la oposición hiciese su trabajo y se ocupase en serio de esta materia podríamos vivir tiempos políticamente muy interesantes… ¿O es que vamos a aceptar impávidos que en España las sentencias del Supremo son ya solo papel de fumar?