Vidas arrasadas por las macrocausas

Cuánto cuesta esculpir el honor de una persona y qué fácil es arrasarlo en apenas un minuto de un telediario. Lo acabamos de comprobar con el escrito que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante el juez Manuel García Castellón acerca del caso Púnica. La síntesis es bien elocuente. El sumario comenzó en 2014 e imputó a nada menos que 89 personas. Ocho años después, se solicita tan solo que se procese a diez. Es decir, que durante ocho años, con sus días y sus noches, se tuvo a 79 inocentes en una situación de pena, daño moral ante la ciudadanía e indefensión, prácticamente anatemizados y, en la mayoría de los casos, estigmatizados socialmente, además de ser obligados muchos de ellos a abandonar su carrera política. Un buen ejemplo es el de Juan José Güemes, que había sido consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. A Güemes lo imputan el 2 de agosto de 2019, declara el 14 de octubre de ese mismo año y solicitan sus abogados que lo desimputen, ya que acreditan que no hay delito alguno, el 23 de enero del año siguiente. Es más, reconocen ahora los fiscales que, si lo hubiese, habría prescrito. Pues hasta ayer ha estado con la etiqueta de ciudadano poco recomendable. Menos mal que su actual empleador confió en él; algo que les honra a ambos.

¿Quién paga ahora el sufrimiento, físico y emocional, el daño moral, los gastos médicos o los abogados a esas 79 personas que finalmente quedarán fueran de esa macrocausa? En el artículo dos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula el proceso penal, se dice que el fiscal está obligado a valorar la situación de cada persona imputada, incluidas situaciones como la posible prescripción del delito o su verdadera naturaleza.

Creo que tanto la sociedad en general, tan dada a matar civilmente a los investigados en estas causas, como los legisladores y, desde luego, nosotros los periodistas, tenemos una reflexión pendiente que realizar. España es un país excesivamente cainita, envidioso e injusto. Y se demuestra con el caso Púnica. No todos los que son investigados son culpables, ni todos los que se quedan fuera son inocentes. El gatillo fácil con que algunos instructores y fiscales han actuado en los últimos años nos debería llevar a reflexionar seriamente sobre la Justicia en España. Si algo necesita ahora mismo una profunda puesta al día y, por tanto, un pacto entre los grandes partidos es la Justicia española. Sin un sistema judicial moderno y ágil, nuestro país es una tumba civil para muchas personas.

No dudo que tenemos grandes jueces y honestos fiscales en nuestro país, pero muchos de ellos deberían reflexionar acerca del enorme daño que se le hace a la sociedad en general cuando se pone bajo sospecha a tanta gente inocente.