Estropicios Sánchez al asalto del TC

La obsesión de Sánchez por renovar el CGPJ y el TC no es por higiene democrática o por un arrebato de escrupuloso cumplimiento de la Constitución. En Sánchez solo hay un objetivo interesado: controlar ambos organismos para tratar de garantizarse el mayor apoyo posible a sus políticas.

Si la mayoría de miembros del CGPJ y del TC fuera afecta y próxima al Gobierno y al entramado Frankenstein que lo sustenta, el Poder Judicial seguiría con todas sus competencias y funciones a plenitud por más años que hubieran pasado desde el vencimiento del plazo constitucional para la renovación de sus miembros. A Sánchez le habría importado una higa su caducidad.

El control pleno de la justicia se le resiste a un Sánchez que ha asaltado todos los organismos e instituciones que se ha propuesto, ya sea la Fiscalía General del Estado, el CIS de Tezanos o la empresa semipública INDRA. En el fondo, solo persigue que la justicia se pliegue a sus intereses políticos. Su deseo de que la justicia sea el reflejo de las mayorías políticas obedece únicamente a esa pretensión, aunque ello suponga debilitar la democracia y que se cuestione la independencia judicial y la separación de poderes.

Sánchez no quiere más revolcones del Tribunal Constitucional y pretende condicionarlo de cara a próximas sentencias. Desea una nueva mayoría que respalde sus políticas y no obstaculice la «hoja de ruta» que negocia con sus socios de ERC, cuya pretensión, es sabido, es la celebración de un referéndum consultivo en Cataluña. No es descabellado pensar que un Tribunal Constitucional, compuesto por una mayoría de miembros cercana a los intereses del Gobierno y presidido por el mismo fiscal general de Zapatero que arrastró la toga por el barro del camino para acompasar la justicia al tiempo de la política y no interferir en el mal llamado proceso de paz con ETA, Cándido Conde-Pumpido, coadyuve con esos fines.

Sánchez ya viene actuando en esa dirección, sin complejos, tal y como denunció Carlos Lesmes al reprobar los indultos a los golpistas separatistas y criticar esa estrategia apaciguadora del «sanchismo» con los «indepes», consistente en «desjudicializar» la política. Un eufemismo que, como denunció el propio Lesmes, no es otra cosa que la huida de la ley de unos políticos que la infringen porque se creen impunes dada su capacidad de influencia política y origen democrático; cosa que rompe el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, la esencia misma del Estado de derecho.

Nada de esto arredrará a Sánchez, que seguirá adelante con su plan de intentar hacerse con el control del CGPJ y del TC para satisfacer, en la medida de lo posible, las demandas y exigencias de esos socios que le permiten seguir en Moncloa y con los que alberga la esperanza de reeditar el pacto Frankenstein si la aritmética lo hace posible tras las próximas elecciones generales. Ello sería imposible si Feijóo suma solo o con Vox una mayoría suficiente que lo impida. Las encuestas apuntan en ese sentido pero aún queda mucho camino por recorrer. Feijóo tiene ahora la responsabilidad, aquí sí por higiene democrática, de impedir que Sánchez perpetre la toma y control del tercer poder del Estado oponiéndose a pactar con él una renovación del CGPJ que no sea acorde con los parámetros exigidos por la Comisión Europea y los propios jueces y que no son otros que aquellos que se rigen por los criterios de experiencia, independencia y currículum de los candidatos.