Ojo: ¡no es solo la economía!

Mariano Rajoy lidió a la par con tres problemas económicos de puro insomnio: el pufo de deuda oculta que le dejó Zapatero debajo de la alfombra, el estallido de la burbuja del ladrillo y el reventón de las cajas de ahorros. Unido a que la sobrevaloradísima Merkel aplicó su jarabe del rigorismo contable al Sur justamente cuando no convenía, aquello fue para echarse a temblar. Cabe aplaudir que Rajoy logró sacarnos del hoyo de la quiebra (aunque con una devaluación encubierta de nuestro nivel de vida).

Pero tanto se centró en la economía que incurrió en un grave error: desdeñó todo lo demás. Llegó al extremo de que gozando de una mayoría absoluta ni siquiera se molestó en revertir las leyes de ingeniería social zurda de Zapatero, ni en dar pasos para defender el español en la educación en Cataluña, o para cortar en seco desde el principio lo que se veía que iba a ser un golpe de Estado a cámara lenta. La economía es importantísima, pues aborda los medios de vida de las personas y las empresas. Pero no lo es todo. El precio de la abulia marianista ante lo no económico tuvo un precio: el Frente Popular que hoy padecemos.

Es de temer que la historia puede repetirse. El PP está moviéndose con la calculadora electoral en la mano y probablemente le saldrá bien la jugada, porque Feijoo es un excelente candidato y Sánchez está muy desgastado y la economía le pasará una factura enorme. La estrategia popular pasa por pescar votantes socialistas moderados desencantados, y por eso está evitando las llamadas «batallas culturales», o ideológicas, como si fuesen azufre con el que pudiesen quemarse ante las urnas.

Pero ese planteamiento puramente táctico resulta decepcionante, porque el mundo no se agota para nada en la economía. Este miércoles ha recibido su luz verde final la Ley de Memoria Democrática, que ha salido adelante con el apoyo de Bildu. PP, Vox y Cs votaron en contra y la pusieron a parir (con toda la razón). Los portavoces del Partido Popular denunciaron que «deslegitima la Transición», «impone una verdad oficial» y ningunea a las víctimas de ETA.

Es así. Una norma que prohíbe estudiar la historia de un país libremente no tiene cabida en un Estado de derecho avanzado. Una norma que busca avivar rencores doctrinarios para encabronar a unos españoles con otros es un veneno social. Una norma que humilla a los mil asesinados por ETA y sus familias es un asco moral. Por eso resulta incongruente que mientras ese partido denuncia con acierto tales tropelías, sus máximos dirigentes solo hablen de inflación e impuestos. Esas cuestiones no pueden constituir el monotema en un país que se está jugando su futuro en este momento con un claro asalto del Gobierno y el separatismo a la justicia, o que está siendo sometido a una ingeniería social –véase la ley trans– que a veces ronda ya lo lisérgico. Economía siempre, por supuesto. Pero el marianismo ya sabemos cómo acabó…