¿Cuánto cobra de verdad, presidente?

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, gana 80.000 euros al año, tiene una vivienda gratis en Madrid, no se paga la luz ni la calefacción ni el IBI ni la comunidad, dispone de un jugoso patrimonio acumulado durante años de dedicación política, goza de coche oficial con chófer y, además de todo eso, es muy probable que se lleve cada mes un sobresueldo de casi 2.000 euros como diputada por Sevilla, aunque resida en la capital.

Todo lo enumerado es cierto, como ha demostrado otra investigación de El Debate, y solo lo último es una incógnita por una extravagante razón: la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, se niega a explicar si hay miembros del Gobierno que se llevan una cantidad de entre 900 y 1.900 euros extra por tener escaño además de silla en el Consejo de Ministros.

La explicación de la Tezanos del Parlamento, que antepone su lealtad sanchista a sus obligaciones institucionales y por eso fue designada, es sonrojante: dice, a través de su Secretaría General, que revelar ese dato se inmiscuiría en la intimidad de los afectados, como si en lugar de preguntarle por la retribución con dinero público de cargos públicos se estuviera cotilleando sobre enfermedades venéreas u orientaciones sexuales.

El desprecio a la transparencia de este Gobierno es tan legendario como su tendencia a presumir de ella, a pesar de los sistemáticos varapalos que recibe de instancias judiciales e institucionales que explican, probablemente, su insoportable deseo de conquistarlas, someterlas y utilizarlas todas, para que todas se comporten como el CIS y todas tengan un Tezanos al frente: un lacayo obediente y bien remunerado que, en lugar de acabar con los abusos, los recubra de una falsa apariencia de legalidad.

Pero si el caso de Sánchez es bochornoso, el de su ministra de Hacienda resulta obsceno: es la señora que mantiene uno de los mayores esfuerzos fiscales del mundo; la que defiende abiertamente subir aún más los impuestos hasta hacerlos definitivamente confiscatorios; la que ataca a Madrid por intentar reducirlos; la que se calla y defiende el paraíso fiscal vasco y la que, en resumen, va por la vida de Robin Hood pero es el sheriff de Nottingham, Jesse James y Sir Francis Drake a la vez.

Ella, mientras, eleva su cuenta corriente, amplía su patrimonio, se calienta en invierno y se enfría en verano sin pagar la factura y, probablemente, se aprovecha de ostentar dos cargos públicos distintos para cobrar dos veces, con la complicidad de la misma Batet que también ha hecho de la actividad política una forma de vida repleta de los lujos que, como simple profesora asociada, no podría soñar.

Las retribuciones de los políticos suelen estimular la demagogia, pese a que no son muy altas ni muy estables y, en contra de lo que se piensa, generan habitualmente más incompatibilidades que puertas giratorias.

Pero en el caso que nos ocupa no se discute tanto el nivel retributivo, que es poco para quien llega a la política por vocación y demasiado para quien solo busca el oficio cómodo que en la vida real no tiene, cuanto la opacidad que le rodea.

Y que es, en sí misma, una confesión de mala conciencia. Si todo lo que cobran, presidente, ministra, es razonable, ¿por qué su amiga Meritxell pierde tanto tiempo en esconderlo? Y si no lo cobran, ¿por qué tienen tanto reparo en aclararlo?

Quizá porque, mientras ahí fuera casi todo el mundo sufre, este Gobierno vive a un ritmo incompatible con los dramas que genera y resumido en el caso de otra ministra, Ione Belarra, que va por el mundo amenazando al presidente de Mercadona, Juan Roig, mientras ella se pega la vida padre sin otro mérito ni experiencia que su cercanía a Pablo Iglesias.

Cuando un cargo público no está seguro de poder sostener lo que cobra, es que está convencido de que no lo merece. El zángano siempre sabe cuál es su lugar real en la colmena, aunque se disfrace de reina.