¿Pero en serio va a tragar el PP con esto?

Este lunes, Feijoo presentó con máximo empaque un plan de regeneración institucional muy acertado y con 60 medidas. Lo firmó solemnemente en el oratorio San Felipe Neri de Cádiz, de donde salió la Pepa, la Constitución de 1812. Lo que allí rubricó supone una completa reversión de los principales errores de Sánchez, una enmienda a la totalidad a lo que ha sido el sanchismo.

Pero –oh, sorpresa– hete aquí que solo dos días después, Gamarra se reúne con Bolaños y, según la versión del Gobierno –que no ha sido desmentida por el PP–, acuerdan revisar la Constitución para retocar el artículo 49 y retirar la expresión «disminuido», lo cual es tan bienintencionado como peligroso. ¿De verdad va el Partido Popular a tragar en este delicado momento político con ese caballo de Troya, que en la práctica supondría abrir el melón constitucional de par en par a los separatistas?

El PP dice que confía en la palabra del Gobierno de que solo se tocará lo del término «disminuido», un cambio que a todos nos parece bien, por supuesto. Pero amén de la trayectoria de mentirómano patológico de Sánchez, lo que no dice el PP es que en realidad el presidente del Gobierno no puede garantizarles nada de nada en este caso, pues la propia Carta Magna del 78 establece que una décima parte de los diputados (35) pueden obligar a celebrar una consulta sobre cualquier reforma constitucional. Y los separatistas suman esa cifra.

Los independentistas no ocultan nada. El PNV, perpetuo lobo con corbata de cordero, ha presentado este mismo mes enmiendas para incluir el derecho de autodeterminación en la Constitución, eliminar el artículo 155, rebajar la inviolabilidad del Rey y que las Fuerzas Armadas dejen de ser garantes de la integridad territorial de España. Ni Otegui pediría más. Por su parte, el partido de Puigdemont ya ha introducido otra para reclamar una ley de amnistía. Y si reúnen 35 apoyos (que serán incluso más, pues Podemos podría sumarse a la verbena antisistema), nos veremos con consultas sobre todos estos temas.

¿Qué necesidad tenía el PP de encamarse en una operación constitucional de alto riesgo con Sánchez y Bolaños cuando faltan poco más de diez meses para las generales? ¿Por qué se desdice Gamarra a sí misma, cuando sobre este mismo tema declaró en 2011, en nombre del PP, que «si se abre el edificio constitucional a una reforma puntual puede abocar a intentos de voladura de toda la arquitectura constitucional»?

Mi hipótesis es que el PP actual arrastra cierto complejo de inferioridad ante la izquierda: si me han llamado «ultra» a raíz de la falsa polémica de Castilla y León, pues tengo que realizar raudo algún gesto para que se vea que no lo soy, que soy de súper-centro y estoy abierto a entenderme con el PSOE de Sánchez. Es un absurdo, pues semejante esfuerzo jamás será reconocido por la trompetería zurda que domina las televisiones. Metidos ya como estamos en una larga precampaña, seguirán poniendo a parir a diario al partido de Feijoo haga lo que haga.

Dados los antecedentes del actual PSOE, negociar la reforma de la Constitución con Bolaños y Simancas es jugar a la ruleta rusa política. El lenguaje corporal de la mesa lo decía todo: Gamarra y su acompañante del PP aparecían hieráticas, extremadamente serias, pero en los rostros de Bolaños y Simancas todo eran risitas.

El PP debería apearse de este preacuerdo, o darle al PSOE largas a la gallega al respecto, pues supone abrir una puerta cuyo tráfico no podrá controlar.