Mascarillas de quita y pon

Pasado mañana usted y yo ya no tendremos obligación de llevar mascarillas en el transporte público. No conocemos por qué nuestro Gobierno ha tardado medio año más que el resto de la Unión Europea en eliminar esas restricciones sanitarias –será para compensar lo que tardaron en respetar las alertas epidemiológicas, violando la salud de unas puñadas de inconscientes en manifas y otros eventos al uso populista–. Todo nuestro entorno dejó en julio de exigir los cubrebocas en trenes, autobuses, taxis, aviones y metro. Todos menos España. Lo más inexplicable es que ni hemos sabido por qué se ha prolongado la orden ni ahora sabemos la razón por la que mañana el Consejo de Ministros la levanta. Bueno sí lo sospechamos: una asociación civil ha pedido a la Audiencia Nacional medidas cautelarísimas para que se eliminaran de manera inmediata. El Gobierno estaba obligado a entregar en cuestión de horas los informes sobre los que basaba su arbitraria decisión. Quizá es que no los tiene y una manera de sortear a la justicia es revocando la obligatoriedad.

Ni entonces ni ahora Sánchez nos ha dado noticia ni mucho menos presentado a ese comité científico sobre cuyo criterio hipotéticamente se han tomado decisiones que han revolucionado nuestra vida, limitado nuestros derechos y perjudicado intereses públicos. Seguimos siendo la sociedad occidental más desinformada de los estragos que produjo la Covid-19. Nos han mentido hasta la extenuación depositando cada postura arbitraria que tomaba Sanidad en un inventado grupo de sabios, pero que no era más que una ponencia de alertas liderada por el doctor Simón, con esa intuición científica que le caracteriza y que consagró cuando el 31 de enero de hace tres años (mes y medio antes de que la pandemia obligara a confinarnos) vaticinó que «España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado» y que «la transmisión sería muy limitada y muy controlada». Cuarenta y cinco días después, y solo cuando se había celebrado la fiesta (léase bomba virológica) feminista del 8 de marzo en Madrid, para atender las exigencias de Podemos en guerra con el ala socialista de Carmen Calvo, Pedro Sánchez dictó las medidas más severas del planeta, que paradójicamente no evitaron que reportáramos en la primera ola una de las cifras de mortandad más altas del mundo.

Decisiones que llevaron a España a la ruina con la caída más abultada de nuestro PIB, registro que todavía no hemos recuperado mientras los otros 26 ya lo han hecho, y todo amparado por estados de alarma que fueron declarados inconstitucionales. Curiosamente, y ante la cercanía de las elecciones autonómicas, Sánchez se esconde estos días tras la pancarta sectaria que solo ve razones para defender la salud pública en Madrid, el mismo presidente cuya desastrosa gestión sanitaria elevó los fallecidos oficiales a 118.712, dato que por desgracia tapa una letalidad tan abrumadoramente mayor que a Sánchez no le conviene que se conozca. La prestigiosa publicación The Lancet habla ya de que las muertes «reales» por la infección en España triplican la cifra (maquillada desde Moncloa).

En cualquier otro país, tal temeridad no hubiera resultado impune para socialistas y podemitas. Pero el presidente siempre dobla la apuesta y no contento con concentrar en el Consejo de Ministros la mayor incompetencia que se conoce en el sur de Europa exporta a sus titulares como candidatos autonómicos: primero Illa, vendido definitivamente al separatismo de ERC, y en breve Carolina Darias, empacando ya camino de Las Palmas de Gran Canaria. Si esto es lo mejor que tiene el PSOE, no hay más preguntas, señoría.

Los desastres se suceden con tal rapidez que parecemos haber olvidado lo que sufrimos hace tres años. Ese comité médico que nunca existió para evaluar el riesgo virológico y la necesidad o no de mascarillas es puro realismo mágico, como la comisión jurídica que supervisó la ley del 'solo sí es sí' y se saltó 22 advertencias. Nada existe, salvo en la imaginación, indecente imaginación, de este Gobierno.