La «ética intachable» de 'El País'

Llevamos años diciendo que este Gobierno ha constituido a su alrededor una «brunete mediática» que hace una defensa inquebrantable de las posiciones del PSOE en cuestiones que, hasta hace poco, alguno de esos medios no hubiera defendido. Por no hablar de algún diario que ha cambiado de bando en un ejercicio sin precedentes en la historia del periodismo: intentar deshacerse de sus lectores de toda la vida y buscar otros lectores nuevos. Nadie conoce un precedente igual, porque de lo que se trata siempre en este negocio es de intentar ganar lectores nuevos sin perder ninguno de los que tienes, que ya es bastante difícil mantenerlos. Pero echarlos…

Todos sabemos que los medios vivimos de la publicidad, principalmente. Algunos también cobran por sus contenidos. Y la publicidad siempre ha sido un ingreso perfectamente legítimo. Sí hubo en el pasado algún caso escandaloso como el de ABC de Sevilla en la década de 1990, cuando la Junta de Andalucía marginaba al diario de los Luca de Tena de todas sus campañas de publicidad. Prensa Española llevó el caso a los tribunales y lo ganó con el incontestable argumento de que no podía ser legal que el diario de mayor venta en la comunidad andaluza fuese marginado de las campañas de publicidad de la Junta de Andalucía. Hoy en día eso sería inimaginable con ningún medio.

Pero ayer me llevé una gran sorpresa leyendo el número del día del diario El País donde se informa de la entrega de los «Premios Ortega y Gasset de Periodismo 2023». Como es habitual y como hacemos todos los medios, ese diario buscó patrocinadores para el acto. El Debate entregó hace un mes sus primeros premios e hizo lo mismo. Buscar patrocinadores. Nosotros tuvimos cuatro, todos del sector privado: Hyundai, Asisa, el Banco Caminos y el Grupo Empresarial Electromédico. En cambio, en la entrega de sus premios el pasado miércoles, y según se ve en el cartel que aparece tras los ganadores y personalidades asistentes al acto celebrado en Valencia, El País contó con el patrocinio de dos entidades privadas, la Fundación «la Caixa» y Balearia, y dos entidades gubernamentales, la Generalidad Valenciana y la Diputación de Valencia.

Aunque se parezca, una publicidad y un patrocinio no son la misma cosa: en la publicidad el medio de comunicación es el responsable de una comunicación que hace el pagador y sobre la que no hay un control editorial. El medio de comunicación sirve de soporte a un mensaje que quiere hacer el pagador. El patrocinio es algo distinto. Se ofrece al pagador vincularle con el medio en un acto. Que una empresa privada haga eso es algo de lo que los gestores de esa empresa sólo tienen que rendir cuentas a sus accionistas. Que un Gobierno haga eso ¿en qué posición pone al medio que recibe el patrocinio? ¿Con qué objetividad va a informar El País de los casos de corrupción que rodean a su patrocinador? ¿Con la misma que empleó contra el Gobierno de Francisco Camps?

Lo único que me alegra de este caso es que se han quitado la careta y supongo que no pretenderán seguir dándonos lecciones de su supuesta ética intachable. A estos periódicos que tanto les gusta pavonearse de su defensor del lector, habría que preguntarles si no sería éste un caso sobre el que debería manifestarse esa figura tan sobrevalorada.