Meritxell Batet y su amigo el Tito Berni

Solo en regímenes predemocráticos se le ocurriría a un gobernante decir, como único argumento para defender un abuso inaceptable, que es legal. No todo lo legal es justo, y sólo lo justo debería ser legal. Conocer cuánto y cómo se gasta el dinero público Meritxell Batet es lo justo, pero sin embargo no es lo legal.

Porque el Congreso se dotó a sí mismo de una norma que impide conocer en qué se gastan la pasta los diputados, metidos todos en un saco común que permite acceder a la cifra global conjunta, pero no al detalle de cada uno de ellos: si Batet decidió irse de fin de semana a Cádiz con su pareja, el exministro y actual magistrado del Constitucional Juan Carlos Campo, el exceso quedará enterrado en el silencio.

Y lo mismo con el ya célebre registro de visitas recibidas por el Tito Berni en el Congreso, eliminado por acción u omisión por la misma Meritxell Batet, que es la jefa de los Servicios de Seguridad del Congreso que técnicamente se encargaron del borrado: si de verdad hay una ley que obliga a proceder de esa manera una vez transcurrido un mes del encuentro, lo que falla es la ley.

Y si sólo se apela a la ley para justificar lo injustificable, habrá que recordarle a Batet, y a los corifeos que la secundan, que la misma ley le permite hacer lo contrario: a ningún policía se le ocurriría sostener en público que perdió las imágenes de un crimen porque la normativa le imponía hacerlo. Todo el mundo entendería que las situaciones excepcionales le facultan para interrumpir un procedimiento rutinario que no incluye, obviamente, la pérdida de posibles pruebas decisivas de la comisión de un delito.

Batet podría decir lo que se gasta por razones de decencia: la ley le permite esconder sus gastos, pero no le prohíbe detallarlos si, simplemente, quisiera dar ejemplo. Y también podría haber detenido la destrucción del listado de visitas al diputero Curbelo si hubiera tenido la más mínima voluntad de conservar esas posibles pruebas y ponerlas al servicio del juez del caso.

Pero lo que hizo la presidenta del Congreso, desde que el 14 de febrero dimitiera el cabecilla del caso Mediador tras pegarse inolvidables juergas en burdeles mientras votaba la abolición de la prostitución, es lo contrario: impedir el registro de su despacho en el Parlamento hasta casi un mes después de su salida; permitir que se llevara el teléfono móvil y el iPad asignados como diputado y consentir que el registro de las visitas que recibió al menos desde el 14 de enero (aquí cabe la discusión si de verdad todo lo anterior debe ser borrado o, al no ser archivos audiovisuales si no meros folios rellenos a mano, puede conservarse todo lo de los últimos años) quedará destruido para felicidad del presunto corrupto y probable disgusto de la tenaz juez que lleva la instrucción.

Si Batet sólo es capaz de apelar a la supuesta legalidad de la cadena de bochornos, silencios y complicidades presentes en sus comportamientos y decisiones, está confesando en público sus pecados. También es legal reducir condenas o liberar a pederastas y violadores antes de tiempo, gracias a otra ley sonrojante aprobada por el «Gobierno más feminista».

Y a nadie, aunque lo haya intentado, se le ocurre ya esgrimir ese argumento como única defensa de una legislación despreciada por la abrumadora mayoría de los españoles. Así que, señora Batet, todo se limita a dos sencillas preguntas que usted, si quisiera o pudiera, debería responder sin parapetarse en excusas de mal pagador e intentar amedrentar en vano a la oposición por pedirle explicaciones.

¿Cuánto y en qué se ha gastado desde que es presidenta del Congreso? ¿Por qué favoreció hasta en tres ocasiones en muy pocos días, por acción u omisión, a su compañero de partido, en lugar de al juez que persigue la verdad?

En esta triste historia, señora presidenta, ya nos llega con un «chocho volador», y permítame el uso de un apodo ya popularizado en una de las protagonistas de la trama. El Congreso necesita a alguien que ayude a esclarecerla, no a escurrir el bulto.