El Tribunal del Régimen

Pedro Sánchez se puso muy estupendo con Feijóo el otro día y, en lugar de estudiar la posibilidad de llegar a acuerdos espléndidos para toda España a excepción de para él y para Otegi, exigió que el PP desbloqueara la renovación del Poder Judicial.

El sanchismo, con su habitual desparpajo, afirma por tierra, mar, aire y letrina que ese bloqueo es «inconstitucional», con la misma soltura con que acusa a VOX de quedarse al margen de la Constitución por discutir el Estado de las Autonomías por los conductos institucionales respetuosos pero traga con que Bildu, ERC, el PNV o Junts se lo quieran cargar por lo civil o lo militar.

Es la doble vara de medir retórica del Régimen, que provocaría rechazos unánimes de no tener tan bien implantado el monocultivo ideológico y mediático, capaz de defender lo indefendible con poca réplica, no sea que le carguen a uno la condición de apóstata y acabe sometido a un Auto de Fe en la hoguera progresista.

El PP ha aguantado bien la presión en este punto, entendiendo que el último reducto de resistencia al Movimiento pasa por no permitir, clame quien clame, que Sánchez haga con el Poder Judicial lo que ya ha hecho con todo lo demás: poner a un Tezanos al frente, sin disimulo alguno, para que le afine cualquiera de las fechorías que perpetra, que ya vendrán TVE y RNE a empaparlas en colonia barata para esconder el tufo.

Designar a ministros para la Fiscalía General o el Tribunal Constitucional, copado de edecanes con Conde Pumpido Sánchez-Castejón al frente, es razón suficiente para convertir el Poder Judicial en Numancia, si hace falta, y no rendirlo a una tropa que lo quiere para legalizar una amnistía y un referéndum ilegales, tan constitucionales como el Estado de Alarma, que hoy jamás sería repudiado por el Alto Tribunal si a Sánchez le diera otra vez por convertir España en un inmenso zulo.

Y de ello da cuenta la tremenda desfachatez narrada aquí por María Jamardo: un miembro del Gabinete de Pedro Sánchez en La Moncloa, Laura Díez, decidirá finalmente si el escaño obtenido por el PP en la Comunidad de Madrid en el recuento del voto en el extranjero vuelve al PSOE.

Lo hará técnicamente como magistrada del Constitucional, pero actuará como lo que es: una trabajadora de Sánchez que va cambiando de destino gracias a Sánchez y en función de las necesidades de Sánchez, lo que en sí mismo, en cualquier país normal, la desautorizaría para cualquier cosa que afecte a Sánchez.

Solo sería más impúdico que la decisión la adoptara Begoña Gómez, cuya última intervención conocida fue posar junto al marido con una pegatina que decía «Perra Sanxe», en homenaje al matrimonio canino y a su conocida voracidad compartida.

Hay que suponer que Díaz, que para eso la pusieron, regalará el escaño al PSOE y un panoli insignificante como Javier Rodríguez Palacios, exalcalde de Alcalá que sigue mamando del erario municipal como jefe de la oposición a falta de ofertas laborales, se sentará en el escaño de Carlos García Adanero, un diputado espléndido que junto a Sayas encarna la última esperanza de que Navarra no se convierta en otro caserío de Bildu.

Pero si eso ocurre, y para ello contará con la lealtad ovina de otros magistrados nombrados por Ferraz, digamos al menos que lo ha decidido el Tribunal del Régimen, que es como hay que empezar a ir llamando al CIS de la justicia española: lo que diga el señorito, cuando diga el señorito, para que le guste al señorito.