Tocomocho

En el país del gobierno de la gente, 825.000 niños no pueden comer carne, pescado o pollo dos veces a la semana. Tres de cada diez menores viven en riesgo de pobreza, según los parámetros de UNICEF, puesto que la renta de su familia no alcanza el 60 % de la renta media. En la estadística de la agencia de la infancia de Naciones Unidas, ocupamos el puesto trigésimo sexto de treinta y nueve países, sólo por delante de Colombia, Rumania y Turquía.

En el país del gobierno del progreso, nuestros alumnos han obtenido la peor calificación de su historia en el Informe Pisa. Un chaval que estudie en Japón, con el que pasados los años tendrá que competir en el mercado laboral, les lleva casi dos años de ventaja en conocimientos. Eso sí, sus padres pueden respirar tranquilos, porque un suspenso en Pisa no es obstáculo para obtener un sobresaliente en la EBAU. Podrán ir a la universidad y disponer de un título sin valor alguno colgado en la pared.

En el país del gobierno de las personas, figuran como inscritos en las listas de desempleo más de 2.700.000 activos. No pueden trabajar, no hay oportunidades para ellos, pero, al menos, se les reconoce su condición. Hay más de medio millón en cursos de formación, con disponibilidad limitada, en ERTE o inactivos –aunque con contrato fijo– inmersos en un vacío estadístico para no ensuciar la foto que se envía a Bruselas.

En el país del gobierno feminista, el presupuesto del ministerio de Igualdad va ya por los 117 millones y subiendo. No ha terminado el año y cincuenta y cinco mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas. La policía alerta de que el sistema Viogen no funciona, pero es más importante destinar el dinero a campañas y aplicaciones móviles destinadas a promover el reparto de las tareas del hogar.

En el país del gobierno de futuro, los presupuestos para dotar de financiación a las políticas que cambien la vida de la gente no llegarán al Congreso hasta que no comience a tramitarse la ley de amnistía. La prioridad es rescatar de la legítima acción de la Justicia a unos cuantos privilegiados rebeldes y promover una reforma encubierta de la Constitución para que, posteriormente, ellos se presten a negociar las cuentas que afectan a todos. Paciencia, una vez cubran las cuotas que les permitan asegurar la poltrona, se prestarán a avalar las paguitas con las que se pretende disimular el deterioro económico de las familias y sus menguantes posibilidades de progresar.