Amnistía y fango

La aprobación de la ley de amnistía tiene, al menos, dos aspectos. Los dos inicuos. Es el pago del precio político de siete votos que hace el presidente del Gobierno en contra de lo que había afirmado. Doble inmoralidad: mentira y corrupción. Es también un hito en el camino de ruptura del orden constitucional y del Estado de derecho. Un paso decisivo en el verdadero «proceso» emprendido. Y no debemos omitir ninguno de los dos. Por supuesto que estamos ante un caso patológico de ambición de poder. O el poder o la nada. Todo, absolutamente todo, por mantenerse en él. Pero si solo se tratara de esto la enfermedad no sería muy grave y, en cualquier caso, curable. La ambición ciega, y la ceguera hace caer. Sería cuestión de tiempo. Lo malo es que no se trata solo de eso. Sánchez tiene un plan. la Moncloa es el medio. La destrucción del orden constitucional y la concordia es el fin. Marchemos todos, y yo el primero, por la senda inconstitucional. Los serviles, al poder.

El modelo es la segunda República. Difícil escoger otro peor. Un Gobierno socialcomunista (en realidad el prefijo sobra) apoyado en separatistas y terroristas. Los protagonistas del «proceso» son el PSOE y Sumar, con el apoyo de Bildu y ERC. Ahora se ha colado un quinto no deseado: la imprevista intromisión de Junts. Y lo complica todo, entre otras cosas porque resulta irrisorio incluir a este partido en un «bloque progresista». El problema son siete votos. El primer plazo se ha pagado. El acreedor exige el segundo al deudor mientras lo humilla. Y a esto le llaman poder. Triste poder. No se llamará referéndum, pero habrá referéndum, si la Justicia y los ciudadanos no lo evitan. La ley de amnistía, además de inconstitucional, es un paso decisivo en la destrucción del Estado de Derecho. El procedimiento es conocido y ya se ha consumado en Venezuela y en otras naciones o se encuentra en vías de consumación. No solo tenemos que soportar a un ambicioso monomaníaco, sino también al promotor de la servidumbre. El Gobierno está ante un dilema fatal: o dictadura o derrota. Elegirá lo primero. Ya lo ha hecho.

Este es el peligro, pero el triunfo de la tiranía no está asegurado. Estos son los motivos para una esperanza razonable. El Gobierno se encuentra en una situación de extrema inestabilidad. La pérdida de uno de sus apoyos entrañaría su perdición. Y son apoyos exigentes y muy heterogéneos. No es fácil contentar a la vez a Sumar y a Junts, ni a Junts y a ERC. No es un gobernante; es un funambulista. Además, los remedios y remiendos que va adoptando no han hecho sino agravar el mal. La rebelión en el seno del PSOE está latente, pero está. Y no salta ya porque el poder cohesiona, sobre todo a los ambiciosos. El mal parece muy fuerte, pero su triunfo es más bien efímero. El mal es frágil y banal, esencial debilidad. También nos queda el Poder judicial, especialmente el Tribunal Supremo. El Constitucional es un órgano político y no es poder judicial, lo que no impide la extrema gravedad de su caída en manos del Gobierno. Por eso, el Ejecutivo redobla su asalto a la Justicia. Si la Justicia cae, la puerta queda abierta al infierno político de Dante. Y habría que abandonar toda esperanza. Pero hay jueces y magistrados, muchos, que saben lo que es el Derecho y que no están dispuestos a dejar que se destruya. Nos queda también un poco de libertad de prensa. También se redoblan aquí los esfuerzos censores y propagandísticos. Y la libertad es algo que uno se toma (Julián Marías). Todavía hay oposición y, en ocasiones, en forma. Pero, dada la gravedad de la situación, debería comprender que solo hay ahora un objetivo: el desalojo de los déspotas y sus secuaces. Y decir que el PP y el PSOE son lo mismo es afrentar a la verdad.

Un último problema para el Gobierno y no el menor: la corrupción. Chapotean (y no es un chiste) en el fango. Y la corrupción no es la mejor baza electoral. La amnistía es el paradigma del fango.