Sánchez grita de rabia pero España respira

Algo ha debido conmocionarse en el lado oscuro de la fuerza al conocerse la identidad de la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial, presentada por el Gobierno, con la boca pequeña y una alegría forzada, como «una mujer, progresista y catalana».

Isabel Perelló será todo eso, y también rubia, madura y quizá del Español o del Elche, pero se resume mejor su biografía, trayectoria y cometido en lo que no es: no es una recadera de Bolaños, que lo es a su vez de Sánchez. Y tampoco es una lacaya de Conde Pumpido, el elegido del patrón para asaltar la Justicia en la distopía del «Mundo feliz» sanchista.

Lo cierto es que la democracia ha salvado un match ball que, de perderlo, hubiera rematado el ansia anexionista del Estado de Derecho, amenazado de muerte por las sucias zarpas de Sánchez, deseoso de enterrar la separación de poderes para obtener la impunidad imprescindible para sortear los problemas personales, con su esposa y su hermano, y culminar su plan «plurinacional» con el que le arrienda la Presidencia al separatismo.

Un Poder Judicial sometido arruinaría toda esperanza de evitar el desplome definitivo de España, que es la consecuencia del pecado original del líder socialista: aceptar el poder a cambio de un impuesto revolucionario eterno, cuyo abono comporta la quiebra de los pilares democráticos, del imperio de la ley y de las libertades conocidas.

La elección de una jueza independiente, promovida por el bloque conservador, permite confiar en que al frente del Tribunal Supremo seguirá alguien digno de tan alta responsabilidad, y no un gemelo de la infame estirpe de Tezanos, ya casi hegemónico en todas las instituciones del Estado, asaltadas con la banda sonora de «Piratas del Caribe».

Sánchez es un «okupa» de la democracia que, en su huida hacia adelante para camuflar la huella de su traición, ha transformado el Estado en una sucursal del PSOE, copada por sicarios de estricta observancia sanchista, de esos que perpetran los trabajos más sucios sin hacer preguntas.

Situar a ministros, altos cargos, personal de confianza propia y amigos íntimos en cada rincón necesariamente autónomo para que deje de serlo y le ayude a recrear su universo paralelo de mentiras y trampas ha sido la receta del aprendiz de Calígula para garantizarse los objetivos previstos.

Y si a la estela del Constitucional, el CIS, RTVE, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, RENFE o ADIF, entre 50 entidades embargadas por el PSOE; se le hubiese añadido el Poder Judicial, el pulso entre la democracia y el totalitarismo se hubiera inclinado finalmente a favor de lo segundo.

Sánchez lleva seis años intentando convertir a la Justicia en un arma más de su arsenal y ha estado a punto de lograrlo. El pacto con el PP, incomprendido por muchos, fue la primera barrera que se encontró: obliga a consensuar y esquiva la imposición; desposee al presidente del CGPJ del voto de calidad en caso de empate y permite proponer una fórmula de elección de los vocales alejada de los partidos.

El segundo obstáculo puede y debe ser una presidenta que, aunque proceda de Jueces para la Democracia (¿acaso todos no lo son?) y sea «mujer, catalana y progresista», es ante todo una jurista decente cuya promoción ha sabido a cuerno quemado en La Moncloa. Y ya sabemos que todo lo que le viene mal a Sánchez le sienta muy bien a España.