El derecho a delinquir

España se ha convertido en el paraíso de los derechos más extravagantes, hasta el punto de que una politóloga y tertuliana defendió hace horas el «derecho a delinquir» de los inmigrantes para equipararlo con el que, a su entender, ya tienen los nacionales.

Y algo de razón no le falta, aunque falle en la intención, que no era crítica, sino casi instigadora y laudatoria: existe el derecho a okupar una vivienda, a delinquir sin castigo, a cobrar sin trabajar, a odiar si el objeto del odio es el correcto, a criminalizar a un colectivo entero si es de derechas o masculino y a sentirse una víctima de todo aquel que apele a la ciencia, la biología, el sentido común y las evidencias si contraviene el dogma alucinógeno imperante.

Todo el mundo tiene derecho a lo que se sienta, menos lo que sientan algo coincidente con lo que son, pues en ese caso se convertirá en un peligroso agresor digno de una respuesta contundente que también reserva el sistema, con distintas fórmulas e intensidades, para el ahorrador, el propietario, el autónomo, el heterosexual, la madre, el creyente o el español, sospechosos todos de impulsos incompatibles con el nuevo catecismo.

Solo hay algo peor que el desprecio a las minorías, y es la indiferencia hacia las mayorías, como si su tamaño no fuera una pista para el gobernante, sino un incentivo para perpetrar lo opuesto, impulsado por grupúsculos perfectamente residuales pero organizados, sincronizados y con una notable capacidad de generar ruido para adecentar el abuso.

Que España se plantee contratar a 250.000 inmigrantes cuando tiene cuatro millones de parados resume esa renuncia ya endémica a gobernar para adultos, y la facilidad con que las sociedades se infantilizan y aceptan el engaño de que se puede pasar de curso sin estudiar, vivir sin trabajar, adelgazar sin sudar y prosperar sin esforzarse; idea central de regímenes que intercambian una triste supervivencia por un voto cautivo.

El gran estropicio perpetrado en España no es el económico, siendo gravísimo, y ni siquiera el territorial, aunque no tenga precedente conocido en ninguna nación seria, con algo de orgullo y un conocimiento elemental de su propia historia.

Por encima de todo esto, irrumpe el drama de haber invertido la escala de valores natural, mejorada por la evolución cultural, educativa y moral, hoy sometida al capricho ideológico que solo puede imponer el poder cuando convierte al ciudadano en cliente primero y en dependiente a continuación.

Ya lo dijo Quevedo, un futurólogo de primera división, en «La hora de todos y la fortuna con seso»: «En la ignorancia del pueblo está seguro el dominio de los príncipes (…) Pueblo idiota es seguridad del tirano».