El gobierno de los ricos

«Frente a la motosierra y sus criptomonedas, tenemos el BOE para seguir avanzando en derechos y libertades». Así presumía Pedro Sánchez, el fin de semana pasado, en un mitin del PSOE, de la subida de la última subida del salario mínimo que Yolanda Díaz ha impuesto a los empresarios con el fin de apuntarse un tanto político, al mismo tiempo que nutre las arcas de la Hacienda que con mano de hierro tutela María Jesús Montero. No hay ocasión ni día en el que este gobierno no se jacte de dedicar todos sus esfuerzos a mejorar la vida de los más desfavorecidos. Pero, mientras que con una mano da, reclamando el agradecimiento que debe creer que merece, pese a que se limita a administrar y repartir rentas que otros han ganado; con la otra, en el mejor de los casos, quita lo que ha dado. En el peor, un poco más.

Si la tributación del salario mínimo ha dañado su ya deteriorada credibilidad, la mal llamada quita de deuda amenaza con arrancar a jirones lo que queda, a poco que la oposición, que gobierna en la mayoría de plazas autonómicas, acierte esta vez a explicárselo al personal. Que no cuenten en esta ocasión con Emiliano García Page, porque da la impresión de que le han tapado la boca con un buen cheque. No le revisarán el sistema de financiación autonómica que, con razón, el presidente de Castilla La Mancha lleva años reclamando, pero en la cuenta que ha hecho Montero con Junqueras su comunidad es una de las que mejor parada sale. Hay que elegir las batallas y parece que esta la va a dejar pasar, aunque el pacto no sea más que la antesala del fraccionamiento de la Agencia Tributaria y el establecimiento del cupo catalán.

Sin duda, el premio gordo se lo lleva Salvador Illa. Y, por ende, los ciudadanos que viven en Cataluña. Aligeran la carga de deuda de sus arcas públicas y anulan una parte de los intereses procedentes del rescate de la Generalitat. Porque eso fue y no otra cosa el préstamo del FLA, un rescate en toda regla de una administración quebrada que amenazaba con arrastrar en su delirio manirroto la imagen y credibilidad en los mercados de la marca España. Los paganinis del enjuague con el que Pedro Sánchez pretende asegurar la legislatura, siempre y cuando Puigdmont lo bendiga, somos los sufridos contribuyentes. De golpe y porrazo, nos han caído dos mil euros adicionales de deuda por cabeza. Todo sea por contentar y dar alas a un tipo condenado por sedición al que la Moncloa ha convertido en portavoz.

Es casi tan perverso como condenar a los españoles que viven en regiones más pobres a pagar el fiestón de los opulentos separatistas, que es lo que, en términos matemáticos, supone este pacto de la vergüenza: con una mano te quito la deuda, con la otra te cargo con un poco más. Los residentes en Madrid, castigados por votar al gobierno que ha hecho la gestión económica de la crisis más eficiente, verán incrementarse el saldo neto de deuda per cápita en unos seiscientos euros. Entre lo que les quitan y lo que les obligan a pagar, es más o menos lo que tendrán que asumir los que tributan en Castilla León o Galicia, regiones mucho más pobres que Cataluña. Puesto que el principio de solidaridad interregional hace tiempo que pasó a mejor vida, desde que el PSOE necesita del apoyo de los nacionalistas, no debería sorprenderse Pedro Sánchez cuando se deje caer por esos lares a soltar un mitin para vender su supuesto esfuerzo en favor de las gentes más humildes si le ponen la cara colorada. Simplemente, resulta harto difícil hacer entender a un señor de un pueblo de Castilla que tiene que recorrer kilómetros en ambulancia para que le receten paracetamol de que le estén haciendo un favor pasándole la factura de las bacanales políticas que organizaban a mayor gloria de los inquilinos del Palau de la plaza de Sant Jaume.