Reforma escandalosa

La eliminación de la sedición del Código Penal, inducida por los que la han protagonizado, se ha convertido en uno de los mayores escándalos de este Gobierno. Sánchez ha aceptado el chantaje independentista a costa de privar a España de un recurso para proteger su integridad territorial y el intento de violentar el orden constitucional. Sánchez, que había prometido una reforma para que acontecimientos similares pudieran ser juzgados como rebelión, delito aplicable a los golpes de Estado, ha pasado en un santiamén a considerar que el delito de sedición es algo obsoleto y que hay que «homologar» el Código Penal a las «democracias más avanzadas». Miente y trata de imbéciles a los ciudadanos, porque las penas previstas para tales actuaciones, aunque no se llamen sedición, son muy superiores en los principales países europeos que en España, lo que tira por tierra su coartada de que se pretende homologar el Código Penal a los existentes en la Unión Europea.

La reforma legislativa ha sido una exigencia del separatismo, al que una vez más se ha doblegado de forma escandalosa el presidente del Gobierno, promoviendo una reforma a la carta de los delincuentes independentistas. Como ha escrito J. Ramírez, con esta reforma se consigue que el primer intento del golpe de Estado quede poco menos que impune y que el próximo les resulte más atractivo. Los que pensaban que Sánchez tendría alguna línea roja que no traspasaría, estaban equivocados. Sánchez ha dado muestras suficientes de carecer del código ético necesario para poner freno a sus ambiciones. Siempre aceptará hincar la rodilla ante cualquier desaguisado, si existe una mínima posibilidad de obtener algún beneficio personal. El problema no es que sea portador de principios equivocados, el problema es que no tiene principios. Trafica con España impunemente con tal de seguir disfrutando de su vida palaciega. Su conducta política es tan denigrante, que España está inmersa en un proceso de involución democrática galopante. Si no se pone fin al acoso y derribo institucional llevado a cabo por este Gobierno, la democracia de España podrá colgar muy pronto el cartel de «cerrado por defunción».