Una cuestión de formas

El Gobierno de España está actuando de una forma absolutamente inadecuada en un Estado de derecho. El intimidar al Tribunal Constitucional hasta extremos impensables, incluso amenazando a sus miembros para que hagan lo que a ellos les conviene constituye algo que solo se ha visto en Estados autoritarios. Incluso en España, ni en el periodo más duro de la dictadura de Franco algo parecido se contempló. En España la judicatura siempre ha sido respetada, aunque el Tribunal Constitucional no forme parte del Poder Judicial, es un tribunal que debe ser independiente del Ejecutivo y solo está sometido a la Constitución y a su Ley Orgánica. Independientemente de la cuestión de fondo, obstaculizar y coaccionar a sus miembros raya en el límite no aceptable de respeto al ordenamiento jurídico y está entrando en el ámbito del Código Penal, siendo el máximo responsable el presidente del Gobierno de España. En este sentido el daño provocado por la irresponsable acción de este Gobierno es ya irreparable y de consecuencias impensables. Pedro Sánchez ha dinamitado la única institución que hasta ahora era un paradigma del modelo de sociedad democrática y avanzada y nos pone fuera de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Un auténtico desastre nacional.