La delicada injerencia del Tribunal Constitucional

Desde la recuperación del Tribunal Constitucional en el ordenamiento jurídico español, tras la aprobación de la Constitución de 1978, han sido constantes las fricciones entre el Tribunal Supremo, que es el máximo órgano jurisdiccional dentro del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional que no forma parte de dicho poder y sólo es un organismo de garantías constitucionales. El recurso de amparo no es un recurso judicial, ni ordinario ni extraordinario, no es una casación o revisión de las resoluciones firmes dictadas por el Tribunal Supremo, ni puede entrar en valorar los hechos probados por sentencias judiciales, solo velar para controlar que no haya existido una vulneración de derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva especialmente recogida en el artículo 24 de la Constitución, pero no está por encina del Tribunal Supremo ni debe interferir en la labor jurisdiccional de éste.

La utilización reiterada por parte del Gobierno del recurso de amparo para laminar aquellas decisiones judiciales que no le convengan a sus intereses partidarios es una anomalía perversa de nuestro sistema y de los papeles distintos que tienen tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, que está ofreciendo una pésima imagen de la Justicia en España, porque al final lo que se hace es utilizar a los magistrados del TC como garantes de la impunidad al servicio del gobierno. Algo que no es propio de un Estado Democrático y Social de Derecho. Habría que modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para solucionar este grave conflicto.