La mayor indecencia de Sánchez

Pedro Sánchez ha cumplido con su palabra, pero no los españoles, sino con la que tácitamente le dio a Arnaldo Otegi para lograr su apoyo en investiduras, presupuestos y toda suerte de decretos.

Y lo ha hecho obscenamente al ordenar el traslado de trece terroristas, con 72 asesinatos a sus espaldas, a cárceles del País Vasco, paso previo a su liberación.

Porque esa mudanza es el paso previo a su puesta en libertad, que decidirá el Gobierno vasco unilateralmente en el ejercicio de sus competencias penitenciarias, transferidas antes por Sánchez con esa evidente intención.

Qué entre los beneficiarios del cambalache estén Txapote y Henri Parot, matarifes históricos de ETA sin ningún propósito de arrepentimiento, hace aún más repugnante el apaño y más necesaria la denuncia.

Porque evidencia que, con tal de lograr una miserable estabilidad, el presidente que padece España está dispuesto incluso a sortear las líneas rojas más sagradas. Y pocas había más claras que la de aislar al asesino de Miguel Ángel Blanco o al de niños indefensos.

El bochorno no se puede blanquear apelando, como ha hecho Sánchez, a la política penitenciaria del PP en el pasado, como si fueran homologables: no es lo mismo utilizar los acercamientos para acabar con ETA, rompiendo la cohesión del colectivo de presos y logrando con ello información sensible, que hacerlo para sobrevivir en la Moncloa.

Este escándalo continúa el iniciado a principios del verano, cuando el mismo Gobierno que ahora mima a Txapote y a Parot incluyó a Bildu en la autoría de la nueva Ley de Memoria Democrática, la abyecta manera de reescribir la historia del horror y de imponer un relato falso que indulte al universo abertzale. Y de paso a Sánchez.

Y todo ello queda en evidencia, para pesar de todos, con el insólito contraste entre el Gobierno de España y Europa. Mientras unos se dedican a habilitar a Otegi como socio y auxilian a sus amigos de pistola y bomba lapa, Bruselas ha declarado imprescriptibles los asesinatos de ETA, los ha calificado de crímenes de lesa humanidad y ha exigido que se aclaren los 370 pendientes de respuesta.

¿De verdad no siente Sánchez ni un poco de vergüenza por tanta indignidad junta? Porque no hay justificación alguna, más allá del estricto interés político personal, en habilitar medidas de gracia para quienes han dedicado y dedican su vida a acabar con España y con quienes la defienden. Y lo cierto es que este presidente, con los hechos en la mano, se dedica a indultarles y a acercarles a casa.