Albares aprende catalán
Los constitucionalistas deben pelear una indispensable batalla. La de respetar las lenguas locales, pero con una obligación nacional: la de que todos los españoles tengan como propia la lengua que comparten con centenares de millones de habitantes de la Tierra
La noticia, y la correspondiente imagen, del ministro de Asuntos Exteriores de España dirigiéndose de nuevo a la Comisión Europea para pedir la inclusión del catalán como lengua oficial de la UE suscita, por decirlo de manera corta y contundente, una inmensa vergüenza. De todos es ya suficientemente sabido que en ello no hace más que seguir las órdenes que recibe de su «amo» Pedro Sánchez para intentar conseguir que, entre otras dádivas, el prófugo de Waterloo acceda a concederle sus siete votos parlamentarios para que el vacilante regidor de la cosa socialista siga en la Moncloa. Pero para comenzar, ¿alguien se imagina a los colegas franceses o italianos pidiendo de la UE el reconocimiento de sus parlas locales como lenguas oficiales de la Unión? Y para seguir, ¿nos podemos imaginar el estupor con que los restantes miembros de la Unión contemplan, posiblemente conteniendo la risa, tan inusitada y absurda demanda?
Según los últimos y fiables datos disponibles, se cuentan hoy 600 millones los ciudadanos que en el mundo son hispanohablantes nativos. El español es, en términos de comunicación global, y tras el inglés, la lengua más extendida y usada en la faz de la tierra. En los Estados Unidos, por recordar un significativo ejemplo, el español es la segunda lengua del país, que en la práctica implica en muchos de sus territorios que nuestra lengua ya forma parte de una sociedad bilingüe. ¿Y Albares/Sánchez quieren que el Parlamento Europeo incluya el catalán como lengua oficial?
De hecho, ya lo tenemos en el Parlamento español. No es de ahora que se tenga por tal en el Senado patrio, por aquello de la calidad territorial de la Cámara. Y es de hace pocos meses su introducción en el Congreso de los Diputados, naturalmente siempre como resultado de los precios que Sánchez abona a los separatistas catalanes para tenerles contentos y obtener sus votos. Pero en una y en otra Cámara esa presencia, como la de las demás «lenguas vernáculas» del territorio patrio, solo responden a las reivindicaciones separatistas de los que dicen que todavía las hablan y que no tienen otro objetivo que el de obtener la independencia de sus respectivos terruños.
Porque, observando cómo funciona eso del multilingüismo parlamentario español, ¿alguien ha podido observar que en el Senado o en el Congreso, mientras uno de sus miembros habla en español, los que dicen utilizar otras lenguas recurren al pinganillo para comprender lo que se dice? ¿Existe en alguna de las cámaras parlamentarias españolas algún miembro que no sea capaz de entender o de expresarse en castellano? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir contemplando el obsceno espectáculo? O incluso yendo un poco más allá, ¿hasta cuando periodistas y medios de comunicación tendrán que soportar que los representantes del separatismo catalán utilicen solo esa lengua para dirigirse a ellos? ¿No hay nadie que alguna vez le diga que en esos términos o hablan la «lengua común» o no hay noticia?
Todo ello, naturalmente, pagado con los impuestos de todos los españoles. Que además deben contemplar cómo una buena parte de los 'catalanoparlantes' no asisten a las sesiones parlamentarias en las que sus intervenciones deberían ser traducidas al castellano, con el desembolso de un coste adicional e inútil. Feijóo debería tener en cuenta que cuando llegue a la Presidencia del gobierno una de sus primeras decisiones debería consistir en suprimir el ridículo de esas cámaras multilingües que no tienen nada que ver con necesidades reales y solo con reclamaciones dirigidas únicamente a romper la unidad constitucional, política, económica y territorial de España.
A lo que naturalmente hay que añadir la enseñanza del castellano en todo el territorio español. ¿Cómo es posible que escuelas catalanas, mallorquinas o valencianas, en contra de las disposiciones constitucionales y legales, impidan que los alumnos de primaria y secundaria aprendan el castellano y lo tengan como propio? Porque, además, no solo es una decisión contraria a nuestro ordenamiento legal, sino adicionalmente cargada de la más profunda de las estupideces. Los tales irresponsables que toman esas decisiones, ¿dónde quieren que sus alumnos acaben sus vidas profesionales cuando lo único que parlotean es un dialecto medieval consumido por el tiempo y las circunstancias? Los vascos no llegan a tanto porque saben que eso del vascuence tiene un muy limitado recorrido, pero ganas no les faltan para seguir los torcidos ejemplos de la banda oriental de la Península. Y es ahí donde también los del PP y constitucionalistas afines deben pelear una indispensable batalla. Naturalmente, la de respetar las lenguas locales, pero con una obligación nacional: la de que todos los españoles tengan como propia la lengua que comparten con centenares de millones de habitantes de la Tierra. Y que lleva un nombre inconfundible: castellano o español.