Manto de silencio y de impunidad sobre el aborto

En estos tiempos donde tanto se reclama transparencia, cumplimiento de la legalidad y asunción de responsabilidades, la práctica del aborto en España constituye una excepción poco ejemplar. La ley del aborto de 1985 fue reiteradamente aplicada en fraude en lo que se refiere al riesgo para la salud psíquica de la madre.

Reclamó la patronal del aborto una normativa que amparase mejor su muy lucrativo negocio y la obtuvo con la ley Aído del 2010. Una ley que ha vuelto a ser aplicada en fraude, en demasiadas ocasiones, en relación con su artículo 15, especialmente en lo referente al riesgo de graves anomalías en el feto, anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves e incurables. Este último supuesto de la ley vigente supone una minusvaloración gravísima de las personas con discapacidad, cuya vida se considera menos digna de protección que la de las demás personas.

El manto de silencio y de impunidad, en la práctica administrativa y judicial, que rodea al aborto se extiende también a la difusión de algunos datos sobre aquel. Por ejemplo, es imposible conocer el número de abortos practicados en cada centro en España, lo que tiene su importancia a efectos fiscales y estadísticos. Solicité ese dato el 11 de noviembre de 2020, a través del Portal de la Transparencia, al Ministerio de Sanidad. El Ministerio me remitió a este enlace, en donde figuran múltiples datos sobre el aborto, excepto lo que yo solicitaba. El 5 de abril de 2021 presenté una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Ministerio de Sanidad solicitó que se inadmitiese, persistiendo en su oscurantismo, y en mis alegaciones yo solicité que hubiese transparencia también en este asunto. No tuve éxito, pues el pasado mes de septiembre recibí una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimando mi reclamación, resolución que incluye el párrafo siguiente: «Resulta razonable prever que la incorporación de un dato complementario como el relativo al número de interrupciones realizadas en cada centro, sin suprimir otras variables, generaría un considerable riesgo de identificación de alguna de las personas concernidas, particularmente en pequeñas poblaciones». Un argumento grotesco, considerando que los centros abortistas no están situados en pequeñas poblaciones de menos de 1.000 habitantes sino en capitales de provincia o en localidades importantes, como se puede comprobar en el citado enlace del Ministerio de Sanidad. Enlace en el que figura la barbaridad de 51 centros abortistas en la provincia de Barcelona frente a los 7 de Madrid, aunque la actividad de estos sea igualmente reprobable.

El mencionado enlace acredita también un hecho sorprendente y muy lamentable: en ciertas comunidades autónomas el número de abortos al amparo del artículo 15.c de la ley del aborto (anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves e incurables) –para los que no hay plazo límite– es mucho mayor que en otras como Madrid o Andalucía. El número de esos abortos por cada 100.000 mujeres de 14 a 44 años es 17,03 en Baleares, 15,57 en el País Vasco y 4,04 en Cataluña, frente a 1,82 en Andalucía y 1,70 en Madrid. Caben dos interpretaciones y me inclino por la segunda: o bien ese grupo humano –pretendidamente superior para los nacionalistas– de Baleares, País Vasco y Cataluña genera genéticamente mucho mayores anomalías y enfermedades que los del resto de España o bien estamos ante auténticos «coladeros» en la aplicación de la ley que deben ser denunciados.

El manto de silencio e impunidad sobre el aborto se puede ver reforzado ahora con la proposición de ley socialista que pretende sancionar a quienes ofrecen alternativas al aborto cerca de los centros donde se practica. Entre tanto, no se quiere reconocer la realidad del síndrome post-aborto ni el acoso laboral por embarazo o maternidad que sufren tantas mujeres, algo que jamás padecerá un hombre.

No quiero terminar este artículo sin recordar y reprobar la decisión del Gobierno del PP, mi partido entonces y ahora, en septiembre de 2014 de retirar la reforma de la legislación sobre el aborto preparada por Alberto Ruiz-Gallardón, aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre de 2013 y respaldada, con voto secreto, por el Grupo Popular en el Congreso. Su retirada, que incumplía un compromiso electoral, no se justificó razonablemente. Algún día sabremos la verdad.

• Luis Peral Guerra es economista y abogado