Independencia judicial

La independencia judicial es un tema recurrente en todos los países y circunstancias a lo largo de la historia reciente. El Poder Judicial que, en un Estado de derecho, es el encargado de aplicar las leyes y el entero ordenamiento jurídico en toda clase de juicios, resolviendo conflictos y sembrando la paz social, ha de estar separado de los demás poderes y no sufrir interferencia de ninguno, lo que parece muy sencillo y nadie se atreve a discutirlo, pero en la práctica y hasta en democracias históricamente consolidadas, sigue exigiendo una vigilancia permanente.

Que el juez sea independiente y no solo de los poderes políticos, sino también de los fácticos, no es un privilegio de los que ejercen la función de juzgar, es un derecho esencial de los ciudadanos de una democracia, para que sus libertades, sus legítimos intereses y sus derechos fundamentales, se vean real y verdaderamente protegidos por unos jueces que, acertarán o se equivocarán en sus resoluciones, pero lo harán, en todo caso, sin presión de nada ni de nadie. Esta pretensión, la de un Poder Judicial independiente, es la primera que asoma cuando en un país se camina hacia el establecimiento de un Estado de derecho y, por la misma razón, la independencia de los jueces es la primera que sufre el ataque de los totalitarismos, que suelen ver en el juez independiente un freno para el desarrollo de sus ideologías y de la implantación de su poder.

En la Unión Europea, los llamados «estándares del Estado de derecho», tienen como primera exigencia que la justicia sea independiente, siendo éste –el de su independencia– parte de su propia esencia, de manera que cualquier complemento que se añada al Poder Judicial, a la Justicia en general, o a los jueces en particular, es no solo un error, sino el anuncio de una gravísima desviación institucional de nefastas consecuencias.

Efectivamente, la Justicia ha de serlo sin adjetivos ni añadidos inconvenientes, y administrarse, como dice nuestra Constitución en su artículo 117.1 «por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».

El mantenimiento de la independencia judicial como esencia y parte integrante principal de la Justicia, exige, ya lo hemos advertido, una permanente vigilancia y por ello, con mesura, con prudencia y con respeto, pero con firmeza, ha de rechazarse cualquier movimiento dirigido a hacer una utilización ideológica de la Justicia.

Recientemente, una ministra del Gobierno, la de Igualdad, en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ha venido a sostener que la Justicia española es «patriarcal», que debe promoverse una «Justicia feminista» y que no juzgue en abstracto, sino tomando en consideración las relaciones de género y poder, como vía para «contribuir con ello al cambio social». Es difícil en menos palabras desviarse más de lo que acabamos de recordar como «estándares europeos del Estado de derecho». En efecto, como se ha encargado de recordarle la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Justicia en España no es patriarcal, es ejercida, en su mayoría, por mujeres jóvenes, formadas en los principios constitucionales y, por lo tanto, se la acusa erróneamente de algo, partiendo de una realidad desconocida. Además, y ha de reiterarse firmemente, la Justicia no ha de ser feminista sino independiente, como le recordó inmediatamente el Decano del Colegio de Abogados presente en el acto y, por último, no corresponde al Poder Judicial contribuir al cambio social, que es función propia de los otros poderes y de la actividad política, al contrario, el juez independiente ha de aplicar la ley con absoluta imparcialidad.

En definitiva, juez e independencia tienen que ir unidos indisolublemente.

• Ramón Rodríguez Arribas es abogado