La seguridad de todos

Sabido es que la Pirámide de Maslow, definida por su autor, Abraham Maslow, en la primera mitad del siglo XX, en su obra sobre la motivación humana, sitúa a la seguridad en el segundo orden de prioridad en la escala de definición de las necesidades humanas, inmediatamente detrás de las necesidades fisiológicas, tales como respirar, alimentarse o moverse. Hoy es fácil de percibir esta alta prioridad en dicha escala cuando se analizan las percepciones de la ciudadanía ucraniana en medio de la crisis de seguridad en la que se encuentran inmersos. Y es que cuando falta la seguridad, el resto de las necesidades, con excepción de las fisiológicas, esto es las de socialización, reconocimiento o autorrealización, quedan aplazadas hasta que la seguridad se encuentre garantizada.

Nos encontramos nuevamente inmersos en nuestro país en un estadio de compromiso de nuestra seguridad, la de todos, como consecuencia de una gestión inmadura de la misma por parte de nuestros dirigentes.

Recuerdo un triste evento en el que, igualmente, fue comprometida la seguridad de nuestros militares en operaciones como consecuencia de una gestión inadecuada de la información en torno a un incidente. El 24 de junio de 2007, durante una Operación de Apoyo a la Paz en Líbano, seis paracaidistas españoles fueron objeto de un ataque mediante bomba al paso de su vehículo BMR por la localidad libanesa de El Khiam, como consecuencia del cual fallecieron los seis. Tras dicho ataque, se desencadenó una polémica pública en todos los medios de comunicación, cuyo contenido esencial consistió en poner de manifiesto que los vehículos de nuestros soldados no iban provistos de inhibidores de frecuencias para protegerles de una eventual agresión mediante explosivos accionados a distancia. En el caso concreto del ataque sufrido, habría sido indiferente porque la bomba fue accionada mediante cable y no por radio a distancia. El caso concreto fue que los medios de comunicación, apoyados por la «transparencia» de nuestros dirigentes, se empeñaron tan a fondo en la identificación de las presuntas vulnerabilidades de los vehículos de nuestros soldados, que el Gobierno español recibió una llamada de atención de nuestros aliados europeos en la operación, especialmente los italianos, exigiendo a nuestros gobernantes que, si habían decidido revelar las vulnerabilidades de los medios de sus militares, se abstuviesen de hacer lo mismo con los de sus aliados porque ellos sí valoraban la seguridad que proporcionaba la no difusión de información sensible.

Hablamos mucho de la escasa cultura de seguridad y defensa reinante en la sociedad española, pero muy poco de la misma en dichos ámbitos por parte de nuestra clase dirigente.

Recientemente hemos sido testigos todos de una manifestación de esa escasa cultura de seguridad cuando nuestro presidente del Gobierno, el señor Sánchez, dejándose llevar por su interés por promocionar lo que él considera propaganda positiva de sus actuaciones, desveló, en rueda de prensa, los detalles de un transporte de recursos militares proporcionados por España al Gobierno de Ucrania como muestra de apoyo a dicho país en el ejercicio de su legítima defensa frente a la violación de sus fronteras. Esas inoportunas declaraciones representaron un incuestionable compromiso de seguridad para nuestros militares participantes en dicho transporte, que, afortunadamente, no tuvo consecuencias.

Hace dos semanas, se ha hecho pública una información según la cual, presuntamente, unos 60 ciudadanos españoles, algunos de ellos vinculados a movimientos independentistas, podrían haber sido objeto de escuchas telefónicas por parte de nuestros servicios de seguridad. Sabido es que alguno de esos ciudadanos, vinculados a esos movimientos, han sido objeto, en el pasado reciente, de imputación criminal por comisión de delito, habiendo sido procesados y condenados por parte de los tribunales. También sabemos que han hecho pública su intención de volver a cometer los mismos hechos criminales por los que fueron condenados cuando tengan la oportunidad de hacerlo. Tal parece como si el escándalo promovido por la existencia de dichas presuntas escuchas no tuviera más objetivo que el de conseguir la neutralización de los guardianes de nuestra seguridad o la reducción de sus capacidades legales de actuación para que potenciales delincuentes puedan garantizarse así la impunidad y ponerse fácil la tarea propuesta.

En la semana que culmina, no se sabe bien con qué finalidad, aunque se afirma que por transparencia, una vez más la transparencia, tan citada en estos casos y tan eludida en otros, se ha puesto de manifiesto oficialmente por parte del Gobierno, la presunta existencia de importantes brechas de seguridad en la privacidad de las comunicaciones de determinados miembros del ejecutivo, incluido el propio presidente.

La seguridad es un bien intangible e irremplazable. La seguridad absoluta no existe y su preservación es una tarea que nos atañe y nos incumbe a todos. La importancia de la preservación de la seguridad se pone radicalmente de manifiesto cuando se pierde ésta, pero para entonces ya es demasiado tarde. La divulgación de presuntas vulnerabilidades o brechas de nuestra seguridad, reales o imaginarias, es una grave irresponsabilidad en la que no debemos incurrir. Otra cosa es que, por las vías procedentes, normalmente discretas, se proceda a la subsanación de dichas vulnerabilidades y a la adopción de medidas de reacción frente a los eventuales efectos de las mismas, pero su divulgación, especialmente cuando se realiza de manera tan detallada, no beneficia más que al que pretenda obtener beneficio de ellas ya que, al verse descubierta su actuación, aunque no su identidad, buscará otra vía de aproximación para alcanzar los mismos fines.

La vulneración de la seguridad de nuestros dirigentes y la divulgación abierta de la misma no les atañe ni les perjudica exclusivamente a ellos y a su seguridad personal, sino que redunda, finalmente, en la vulneración de la seguridad de todos.

• Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu es diputado nacional por Melilla del Grupo Parlamentario Popular