La más alta esperanza

Pensé que nunca viviría una experiencia como la que afrontamos. Sabíamos que los golpes de Estado no son ya cuartelazos como tantos en el siglo XIX que tuvo su postrer ejemplo el 23-F, ocasión que me tocó vivir dentro del Congreso. Ya no hacen falta contingentes armados. Los golpes pueden disfrazarse de acciones democráticas singularmente cuando se dan desde el Gobierno, que es el caso que padecemos. No hay que insistir en que vivimos un golpe que trastoca el Estado de Derecho, rompe la igualdad entre los españoles, borra la división de poderes y, en definitiva, supone una puñalada a la Constitución y, desde ella, a la Monarquía parlamentaria.

Sánchez afirmó ante la cúpula de su partido que no habría elecciones «para que no ganara la derecha», y éste es el motivo último de la amnistía: garantizarse antidemocráticamente el Gobierno. Y resultó vergonzoso que mientras Sánchez aseguraba «lealtad, respeto y afecto del Gobierno» a la heredera de la Corona tres ministros estuviesen ausentes y una ministra declarase que «trabajaría para que la Princesa de Asturias nunca llegase a ser Reina». Armengol también aclaró lo que piensa al no citar ni una vez la palabra Monarquía, hablar de «soberanía popular» en lugar de lo correcto: soberanía nacional, y al cortar los largos aplausos levantando la sesión. Una fiel discípula del jefe.

España ya es una referencia negativa en el mundo. Ayer Bieito Rubido recordaba editoriales de The Wall Street Journal y The Washington Post advirtiendo del peligro de la situación. Y no son los únicos. Medios alemanes, franceses e ingleses también han mostrado su preocupación. Mientras, la UE permanece silente, y doña Úrsula ni se inmuta. Como esperemos ayuda de Bruselas estamos listos.

Desde que la patología egocéntrica de Sánchez aceleró su ritmo, previsible teniendo en cuenta la trampa, reconocida luego por el Tribunal Supremo, de su moción de censura apuntalada en una sentencia amañada, la situación ha ido a peor. Sánchez es capaz de cualquier desmán para seguir en Moncloa. Al tiempo, el presidente en funciones, tras ocupar y manejar el Poder Legislativo, da pasos para maniatar al Poder Judicial. La desembocadura será mantenerse sine die en el Poder Ejecutivo por un pacto aberrante que coloca al Estado a los pies del independentismo con el fugado Puigdemont como ariete y triunfador.

Las reflexiones en El Debate (3.11.23) de Antonio Salas Carceller, magistrado Emérito del Tribunal Supremo, con su interpretación del artículo 62.i de la Constitución relativo al ejercicio del derecho de gracia por el Rey, abrieron esperanzas en muchos españoles. Es un derecho que se atribuye directa y exclusivamente al Rey evitando la prevalencia de uno de los Poderes sobre otro. Más de un mes antes (23.9.23) en un artículo titulado «Mentiras sobre la amnistía» (perdón por la autocita) recordé los debates del texto constitucional en las Cortes Generales, deteniéndome en dos enmiendas, una de Raúl Morodo (número 504, página 213 del documento de enmiendas al Anteproyecto de Constitución) y otra de César Llorens (número 774, páginas 349 y 350 del mismo documento), que proponían que las amnistías pudieran ser acordadas por el Parlamento. La ponencia y posteriormente la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas las rechazaron. La amnistía no tiene vía alguna.

Resulta lógico que el Parlamento no pueda tramitar una ley de amnistía. Se impiden así amnistías a políticos decididas por políticos solo por tener mayoría parlamentaria. Podían amnistiar a sus amigos recibiendo el mismo trato de favor cuando esa mayoría cambiase. No lo he visto reflejado en ningún otro medio ni en argumentos de la oposición. Se han tragado sin rechistar la tramitación de la amnistía como ley.

Muchas miradas están puestas en Felipe VI, que según el Artículo 56.1 de la Constitución es «símbolo de su unidad y permanencia» –de España–, mientras el Artículo 2 señala: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…». Oriol Junqueras, condenado por la Justicia e indultado por Sánchez, ha declarado que el Rey «alentó a las fuerzas de seguridad para golpear a los catalanes por votar». El mensaje constitucional y valiente de Felipe VI ante la consulta ilegal resulta que, tras la amnistía, no se pronunció y sería incluso delictivo. El 23 de febrero de 1981 fue fundamental el mensaje de Juan Carlos I a los españoles tanto como el mensaje de Felipe VI el 3 de octubre de 2017 que ahora repudian los golpistas con el apoyo cobarde de Sánchez para su beneficio personal.

Estamos viviendo un momento decisivo para el futuro democrático de España. Se dan pasos sin pausa. Sánchez, que gobierna sólo para los suyos, ha preguntado a sus bases, pero la pregunta era engañosa. Tampoco se nos dice el número de convocados, ni el porcentaje de abstenciones, ni de afiliados que no votaron. Y Sánchez se niega a preguntar al conjunto de los españoles en un referéndum sobre un asunto capital o a convocar elecciones generales. Sánchez nunca sorprende.

Viven, afortunadamente, dos padres de la Constitución, Herrero de Miñón y Roca. Asistieron al acto del Congreso y a la comida en el Palacio Real ¿por qué nadie se ha interesado por su opinión? Ellos podrían aclarar puntos poco conocidos de aquellos debates en su referencia a la amnistía. Nadie les pregunta. Espero que el Rey tenga informes jurídicos de peso. Parece que sí. Felipe VI personifica hoy la más alta esperanza de muchos españoles. Desde la Constitución y en su defensa.

• Juan Van-Halen es escritor. Académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando