En primera línea Fernando rosado

Menas en España: una difícil kafala con Marruecos y España

Estamos ante un problema nacional que aconseja crear una agencia estatal y financiar agencias en los países de origen para tutelar a los Menas repatriados
Hay que evitar el efecto llamada pues puede ser irreversible en sus efectos en el horizonte de la explosión demográfica africana

La nueva crisis en Canarias se debe a los casi 6.000 menores extranjeros no acompañados (Menas) hoy bajo su tutela y a la proyección de la llegada de muchos más en 2024 dentro de un flujo de 70.000 inmigrantes ilegales.

En España suben cada año las llegadas, 5.000 en 2023, por lo que sube el acumulado de los tutelados que va desde los 3.000 en 2013 a los 13.000 en 2023.

Estas cifras con fuente en el Defensor del Pueblo se descomponen por origen en un 70% de Marruecos y otro 20% de Argelia, Senegal y Gambia.

Canarias pide ayuda y el Gobierno busca la reforma urgente del artículo 35 de la ley de extranjería para poder obligar a recibir –ahora es sobre base voluntaria– contingentes de Menas a las autonomías. Estas son reacias por razones de saturación y coste a lo que se suman las protestas por temas de seguridad en muchos municipios, mayormente en los que hay centros de menores.

Tras 28 años de llegadas sin que se produzcan repatriaciones, pareciera que existe una suerte de tácita kafala –acogimiento sin adopción– entre las familias de los Menas y el Estado español que asume su tutela a través de las autonomías.

En el lado de la crítica se pone el acento en el fracaso escolar, la no idoneidad de aplicar un sistema de centros en régimen abierto pensado para los menores nacionales y la conexión con el aumento de delitos. Por otra parte, la tutela de las autonomías es muy imperfecta al intervenir junto a los servicios de infancia una miríada de ONGs quienes a través de monitores contratados están en el día a día de los menores. Hasta que desaparecen y cambian de comunidad autónoma o país y de centro, de monitores, de idioma y de cultura. El acogimiento familiar de Menas es de solo el 5% frente al 55% de los menores nacionales por lo que no se cuenta con este factor de éxito en la adaptación de tutelados.

No resulta posible cifrar la tasa delictiva de los Menas y extutelados por falta de anotación específica de este dato. Pero sí existe una estadística particular en los barrios con centros de Menas y okupaciones y también otra generada por fuentes no oficiales de policías de grandes ciudades como Barcelona y Bilbao que atribuyen a Menas y extutelados el 80% de las denuncias de delitos.

En el ámbito laboral, el informe del Observatorio de la Inmigración refleja que en 2023 eran 15.045 los menas y jóvenes extutelados entre 16 y 23 años con autorización de residencia. Y destaca que 9.000 personas del colectivo contaban con al menos un día de alta laboral. A partir de esa cifra no hay ningún dato que permita saber la calidad y duración de los contratos. Por ello, no se puede tener una idea cierta sobre la integración laboral del colectivo.

Así las cosas, no está disponible la información sobre la eficacia del sistema para hacer de los Menas ciudadanos integrados. Sí se puede deducir por la prensa y los barómetros que en la comunidad crece una valoración general entre escéptica y negativa. Además, crece la crítica al coste implicado que al menos sería de 14.000 mil euros anuales por ser el gasto público per cápita al que cabría sumarle un 50% como ponderación de los recursos particulares dedicados, a saber: salvamento, policía, traductores, fiscalía, pruebas de edad, servicios infantiles y ONG, vuelos, transportes, habitación, comida, ropa, gastos bolsillo, cursos y programas especiales de apoyo hasta los 23 años según territorios.

Y llegamos a la gran pregunta. ¿Por qué que no se repatrían los menores a sus países con su entorno si los convenios y leyes así lo indican como función del gobierno? Los menores no colaboran porque volver para ellos sería hacerlo como «fracasados». Por razones obvias las familias tampoco colaboran en que sea posible la vuelta y las autoridades de los países de origen siempre encuentran dificultades de identificación y gestión para que el regreso sea posible.

No se realiza casi ninguna repatriación de Menas. Sólo 69 desde 2019, menores de corta edad y las 55 producidas tras la invasión de Ceuta en 2021 por 10.000 adultos y 1.400 menores marroquíes. Estas fueron anuladas por el Tribunal Supremo al no seguirse las garantías de la legislación de extranjería.

Hasta ahora se aceptó con resignación la situación pero su agravamiento no permite seguir haciéndolo. Es necesario desincentivar las llegadas y es crucial conseguir los retornos para evitar el efecto llamada en África. Este continente, con sus 1.500 millones de habitantes, el 40% menores de 20 años, se proyecta por Naciones Unidas con 2.500 millones de personas en 2050.

Mejorar el presente requiere cambios que hagan posibles los retornos y traigan un nuevo modelo de acogimiento e inserción dirigido desde el nivel estatal. Y, aunque hoy es autonómica la función de tutela asistencial a los Menas, es estratégicamente necesario avocar para el Estado esta política. La competencia en emigración y la responsabilidad internacional es estatal por lo que existen los fundamentos y herramientas legales para realizar esta operación.

Una eficaz solución operativa aconseja crear una potente Agencia Nacional encargada de dirigir todo el proceso desde la llegada de los Menas hasta su repatriación o pase a un sistema de acogimiento y formación también coordinado en todo el país.

En paralelo, es capital que en los países de origen exista una agencia u organismo homólogo. Así, podrán realizarse con este todas las gestiones respecto de los menores y estaría a cargo de recibirles bajo su tutela cuando se realicen las repatriaciones. De seguro que esto sería posible con una poderosa acción de cooperación y financiación de España y la UE con los países emisores en el marco de una oferta que sea difícil de rechazar.