El vodevil nacional y el atribulado Sánchez

Hace tiempo que la política nacional, las acciones de Pedro Sánchez y sus consocios que lo sostienen en la Moncloa, oscila entre los vodeviles de Jardiel Poncela, el «contrato de los Marx» en «Una noche en la ópera» y los «Diálogos para besugos» de los tebeos de los años cincuenta y sesenta. El principal actor de la comedia y sus secundarios no se cansan de repetir que la amnistía es el comienzo de un tiempo nuevo de reconciliación y de normalidad política entre el Estado y la comunidad catalana donde ahora reinará la normalidad política que dejará atrás los errores cometidos por la derecha, verdadera responsable del «procès» y sus consecuencias por haber aplicado la Constitución y la ley en vigor a los patriotas catalanes que se limitaron a ejercer sus derechos democráticos, perseguidos por el Estado opresor y los jueces que lo servían. La amnistía repone las cosas al sitio que le corresponde y corrige los atropellos.

Tras su aprobación estalló la euforia del independentismo y la aparente tranquilidad de Sánchez, alterada de todos modos porque no pueda someter a aprobación sus presupuestos (por cierto, que ayer decía que sin ese instrumento no se puede gobernar y se deben convocar elecciones). No es que hayamos vuelto al punto de partida donde estábamos cuando Cataluña, como nación, declaró su independencia. Las vanguardias de su futuro Estado advierten, pregonan, lanzan y avanzan para recuperar el tiempo perdido. Y mientras el doctor Pedro Sánchez abre sus brazos, los beneficiados por su altura moral, como padre de la nación, vuelven a donde estaban, confortados, reparados y fortalecidos no ya por el perdón que borra sus delitos, sino por la convicción moral de su razón y la confianza de que al final, a partir de la bien ganada amnistía, llegarán a la meta de la independencia.

Parecía que habíamos aprendido algo de las consecuencias del procès, cuando Pedro Sánchez auguraba que gracias a los indultos y la amnistía entrábamos en un tiempo nuevo de normalidad democrática y reconciliación entre Cataluña y el resto del Estado, el Parlament le da un palmo en las narices y admite a trámite una proposición de ley unilateral y soberana para volver a declarar la independencia, mientras resuenan en las bóvedas celestes las palabras del señor presidente del Gobierno y anuncia, con cierto patetismo dramático que, como si cupiera otra cosa, que ha dado la orden de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de la Mesa del Parlament que el 20 de febrero, como ocurriera el 9 de noviembre de 2019, admitió a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide que la Cámara catalana declare la independencia de Cataluña. O sea, que se vuelve a incurrir en los actos pasados que condujo a aquello del 155 y el procesamiento y condena de los dirigentes del independentismo, con lo que Sánchez estaba de acuerdo, pese a que ahora acusa de nuevo al Gobierno de Rajoy de ser la responsable del procès por judicializarlo, cosa que se entiende que él nunca hará si se repite. ¿O no?

De momento el camino de la independencia sigue su curso. La debilidad de Sánchez está siendo bien aprovechada por sus consocios que, conviene recordarlo, no han renunciado a ni cedido en nada. Por eso indigna por su cinismo escuchar a Bolaños repetir como un robot que la amnistía es constitucional se mire por donde se mire, y tiene el descaro de añadir que la Comisión Venecia la respalda totalmente. Por lo visto ahora, los españoles todos tenemos que reconciliarnos con quienes pretendieron volar el Estado que nos congrega, vulnerando la Constitución, Se obvia que se advierte que los criterios de la ley de amnistía «no deben diseñarse para cubrir a individuos concretos». Y que la cuestión de constitucionalidad debe resolverla el Tribunal Constitucional. Por tanto, entiende que la tramitación de la ley de amnistía no debe realizarse por la vía de urgencia «dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de dichas leyes». Y, además, «dado que las amnistías son medidas impersonales que se aplican a todas las personas o a determinadas clases de personas, los criterios no deben diseñarse para cubrir a individuos concretos». O sea, lo que se hace.

Aunque a estas alturas ya nada nos puede sorprender del proceso que vive España por el modo en que, bajo el dictado de Junts, el Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo respalda ahorman las leyes, con extraordinaria minuciosidad, sólo falta añadir nombres y apellidos de los beneficiarios, para prevenir y coartar lo que, en otros casos, es la aplicación de los principios fundamentales del Derecho a las mismas situaciones. Ya en su día, a propósito de las precedentes reformas del Código Penal, Sánchez y sus socios se vulneró uno de os principios generales del Derecho que surgen de la Ley de las XII Tablas reza así: privilegia ne inrogando, que significa que es contra Derecho el promulgar una ley particular; es decir, una ley que conceda privilegios a unos sobre otros; una ley que no sea expresión de la voluntad general y que por eso constituya un privilegio (lex privata). Y ahí estamos. En pleno proceso y con todo cinismo. Pero no es nada nuevo.

• Fernando Ramos es periodista