El referéndum vendrá después de la amnistía

Cada vez que, de una manera pública, Pedro Sánchez invoca y asegura que todas sus acciones se hallan dentro de la Constitución queda flotando en el aire un agudo aroma de cinismo. Y nadie lo ha expresado mejor que uno de sus turiferarios que escribió como loa que una de sus características que lo definen es que «no se siente concernido por sus palabras, sino por sus objetivos». O sea, que diga lo que diga da lo mismo, hará lo contrario, como hemos visto a lo largo de su trayectoria, desde que tener cerca a Podemos le quitaba el sueño, nunca accedería a la Moncloa, porque era incompatible con sus principios, con el apoyo del independentismo o aquello del «no es no y nunca es nunca» en cuanto a pactar con Bildu. Pedro Sánchez asevera que las decisiones dentro de su partido se toman colegiadamente. Es más, en enero de 2015, en un foro público afirmó que las posturas del partido ya no las decidían entre cuatro. Cabe preguntarse en qué programa electoral del PSOE figura la amnistía, qué órgano colegiado del partido la ha aprobado, en qué ponencia o resolución de sus congresos fue tratado el asunto, o qué resolución de su ejecutiva o de la comisión federal ha aprobado, propuesto o debatido este asunto, cuyas decisiones ya no se toman entre cuatro. El PSOE dejó el voto contrario a la amnistía, cuando el asunto fue planteado en el Congreso por los consocios de Sánchez. Pero el caso avanza por la pura y simple necesidad de que es el precio que sus consocios actuales y futuros le marcan para que Sánchez pueda seguir subiendo al Falcon.

Y en este trance, como hay que buscar perchas para colgar la amnistía, que es precio de negocio entre tratantes, ni siquiera tienen el decoro de no decir memeces: la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha afirmado que las negociaciones con los grupos parlamentarios para la investidura del candidato socialista, que incluye la amnistía, «avanzan de manera razonable». Y dice que la amnistía a los implicados en el «procès» no solo la piden los independentistas, sino varias fuerzas políticas, que suman en total «57 diputados», o sea, una amplia mayoría a la que el PSOE debe ser sensible. ¡57 de una cámara con 350, y casi la mitad en contra.

Pero, como le advierten a Sánchez ERC y Junts, la amnistía no es puerto de llegada, sino estación intermedia de lanzamiento hacia la otra e irrenunciable meta, el referéndum de independencia. Y para eso ya tienen apoyos. No dudan en tergiversar el contenido del artículo 92 de la Constitución, donde entienden que se puede encajar el referéndum consultivo que es como llaman ahora al de la independencia. El artículo 92.1 CE que dice que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados». Dice «todos», y todos es todos. No una parte, como algunos quieren decir, limitando la consulta a quienes, insisto en ello, tengan vecindad civil en determinadas parcelas del territorio nacional. Como señala Oliver Araujo (Cfr.Oliver Araujo, Juan: «El Referéndum en el sistema constitucional español» en Cuadernos de la Facultad de Derecho, 15 (Palma de Mallorca, 1986), págs. 95-148): «El referéndum consultivo es figura interesante, tanto por sí misma como, sobre todo, por lo que significa de nuevo intento de incorporar a una Constitución eminentemente representativa algunas fórmulas de democracia directa».

Y pese a la claridad del artículo citado, entienden que el Gobierno pudiera celebrar un referéndum limitado a la población de Cataluña. Me pregunto si, salvo ejercicio de física recreativa, alguien puede sostener razonadamente que el 16 por ciento de la población española pueda decidir si es preciso proponer, exigir o imponer, que es el término más adecuado, la reforma de la Constitución, para desmontar el Estado tal y como lo configura la de 1978 y proceder a habilitar lo que, en todo caso, tampoco sería unánime criterio de los ciudadanos con domicilio en Cataluña que forman parte de ese 16 por ciento de la población. Pero jugando a su gusto con nuestra Carta Magna, ya vemos que algunos la proponen y amparan la celebración de un referéndum (disimuladamente deliberativo), cuando es obvio que los referenda (que es como se debe decir en plural) se hacen para algo, para que tengan consecuencias y efectos en su aplicación y no un mero ejercicio de consulta sin consecuencias. La consecuencia de lo que se proponen es una medida, cuyos efectos alcanzarían al otro 84 por ciento de los españoles, espectadores ajenos de lo que decidieran ese otro 16 por ciento por si solos.

Señala Oliver que el aspecto «más importante y a su vez más problemático que plantea el referéndum sobre decisiones políticas del artículo 92 es el de precisar el alcance y significado del término consultivo». O sea, que esa es la cuestión y donde aparece el sentido común. Parece absurdo, por decirlo de modo templado, que el futuro del Estado y la modificación de la Constitución que lo define y sostiene lo decidan los avecindados en una parte del territorio, la trampa subsiguiente es la pregunta. ¿Cómo se puede sostener una pregunta como la que se propone para que no «todos» los ciudadanos se pronuncien sobre algo que afecta al conjunto, y que en todo caso deberían ser consultados? De la pregunta ya circulan varios modelos, pero todos llevan al mismo sitio: el modo de que Cataluña deje de ser parte de España. Y a ello van.

• Fernando Ramos es periodista