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En Primera LíneaJosé Manuel Otero Lastres

El referéndum de aprobación de la Constitución es único e irrepetible

Los que deseen ahora modificar la forma política del Estado español e instaurar otra forma política del Estado no tienen más remedio que iniciar el proceso de reforma de la Constitución que prevén los artículos 167 y siguientes de nuestra Ley de Leyes

Actualizada 04:30

El Parlamento de Navarra ha aprobado una resolución, con el voto a favor del PSOE, que dice: «la monarquía representa la corrupción sistemática» y es «la característica que ha definido la relación histórica de la Casa de los Borbones con el Estado». La proposición añade que «la monarquía simboliza la institución patriarcal por excelencia» y «como principio choca con la democracia porque niega la capacidad del pueblo para dirigir el Estado».

No es la primera vez que se ataca a la Corona. Todos ustedes saben que la forma política del Estado español es «la monarquía parlamentaria». Por eso nada de lo que se diga respecto a periodos anteriores regidos por monarcas no parlamentarios tiene nada que ver con la actual «monarquía parlamentaria» instaurada por la Constitución de 1978. Y es que la monarquía «parlamentaria» actual la han disfrutado solo dos monarcas: don Juan Carlos l y don Felipe VI.

Por otra parte, conviene advertir que nuestra Constitución fue votada en referéndum como se hace con la constituciones democráticas. Hubo un referéndum único y de una sola vez que sometió la aprobación de la Constitución a los ciudadanos que podían votar en 1978. Y se aprobó por una inmensa mayoría. Con la misma con que se votó que hubiese un Gobierno, que hubiera Cortes Generales y que existiera el Consejo General del Poder Judicial.

Eso es lo que se hace con las constituciones: voto de los ciudadanos en el momento de su aprobación en una votación histórica y única que fue la de los españoles a su Constitución de 1978.

Los que deseen ahora modificar la forma política del Estado español e instaurar otra forma política del Estado no tienen más remedio que iniciar el proceso de reforma de la Constitución que prevén los artículos 167 y siguientes de nuestra Ley de Leyes.

En nuestra realidad histórica vigente ha habido dos intentos no militares de atacar la forma política del Estado español. El primero fue el que puso en marcha el Gobierno de la Generalidad y todas sus instituciones que intentaron convertir a Cataluña en una República y que tuvo lugar en el año 2017. Sabemos cómo empezó aquello y como está la cuestión hoy desde la Ley de Amnistía, que supuestamente habría convertido en inexistente el golpe de Estado que dio dicha autonomía.

El segundo intento, aunque de un tono mucho menor, es esta propuesta del Parlamento de Navarra con el apoyo –y esto es lo preocupante– del PSOE votando a favor. Pasos como éste son los que revelan la debilidad actual del partido socialista que tiene que ir cediendo a medida de poder mantener el Gobierno de la nación, sumándose a lo que decidan los que lo han ayudado a ocupar el gobierno navarro.

Creo que no hay pulsómetros que nos ayuden a medir las ganas de poder que tienen los partidos políticos. El partido socialista ha logrado reunir entre varios partidos la mayoría aritmética con un secretario general que tiene un peso enorme a la hora de determinar las líneas del partido. Tratando con partidos que tienen en sus líneas programáticas la modificación de la forma política de nuestro Estado no serán pocas las veces en las que continúen con políticas como la del Parlamento Navarro.

Pero serán afirmaciones que nunca podré considerar como críticas fundadas en un control democrático de la Corona. Estamos, por el contrario, ante insultos que difícilmente pueden contribuir a modelar una opinión libre, formada e informada. Tales agravios, juicios de valor globalmente descalificadores, lesionan el derecho al honor de cualquiera, y por supuesto el del Rey, que tiene que ser preservado al mismo nivel que el de los demás. No cabe confundir estar expuesto al más alto nivel de crítica con tener que soportar insultos como los vertidos por dicho Parlamento.

José Manuel Otero Lastres es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

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