¿Qué más?

Quienes tenemos cierta edad ya hemos visto situaciones políticas muy diversas en España y acontecimientos de todo jaez; sin embargo, a lo que estamos asistiendo con los gobiernos de Sánchez no tiene precedente, porque cada día un escándalo tapa al otro, de suerte que incluso las noticias ya nacen muertas cuando se publican en los medios de comunicación, pues otro episodio truculento sustituye al anterior.

Ante ello, lama la atención la «cara de póker» que exhiben el presidente, sus ministros/as y demás corifeos que sostienen la situación política actual. Con absoluta desvergüenza, ante cualquier truculencia mienten sin sonrojo alguno, como lo hemos podido apreciar en el tan traído y llevado caso de la señora Delcy Rodríguez en su visita (no visita, según nuestros «próceres») al aeropuerto de Barajas, territorio español y comunitario que le estaba vedado pisar, caso del que tenemos ya tantas versiones contradictorias como miembros (y miembras) tiene el Gobierno, hasta el punto de oír repetidamente de las más altas jerarquías gubernamentales la patética versión de que desconocían la prohibición comunitaria de pisar territorio Schengen que pesaba y pesa sobre esta señora, sin que tampoco tengamos explicación verosímil sobre el contenido de la multitud de maletas que acompañaban a la susodicha 'dama'. Un tupido velo cubre este vodevilesco enredo. ¡Uno más!

Mientras todavía borboteaba el caso de la venezolana, la noticia de las diligencias policiales seguidas en el llamado caso de las mascarillas, con bastantes ministerios y organismos afectados, constituyen la revelación progresiva de otra trama más propia del Chicago de los años veinte que de una democracia seria del siglo XXI, de modo que a la siempre sonriente ministra Alegría habrá que cambiarle el apellido, al tiempo que su mueca risueña se vaya trocando en un rictus de circunstancias.

Por si todo ello fuera poco, la Sala Segunda del Tribunal Supremo toma una decisión de la que yo creo que no hay precedente en democracia, como es la de dejar la vía abierta para la imputación del fiscal general del Estado, culminando así un proceso de descrédito de las instituciones del Estado verdaderamente alarmante, que pasa por el enfrentamiento entre Senado y Congreso a propósito de la proposición de ley que rebajaba las penas a determinados etarras, lo que se une a la eventual vinculación del entorno familiar del presidente a posibles hechos delictivos, por no hablar de las constantes cesiones a los nacionalistas quienes se prevalen de la debilidad parlamentaria del Gobierno para sacar adelante sus continuos chantajes políticos. No obstante, siendo todo ello grave, ahora hemos traspasado todas las líneas rojas del descrédito institucional cuando el fiscal general permanece inmutable y descarta dimitir ante el pronunciamiento unánime de la Sala del Supremo que pide su imputación.

Con razón nos podemos preguntar qué más ha de ocurrir para que alguien dimita de un cargo y asuma sus responsabilidades políticas, más allá de las eventuales recriminaciones penales que en su día se puedan sentenciar, y nos podemos seguir preguntando qué le sucede a nuestra opinión pública cuando es incapaz de responder ante los bochornosos casos que estamos viviendo, una opinión pública adormecida por el portentoso aparato propagandístico que es capaz de poner en marcha una élite política cuya capacidad de mendacidad y de falsear la realidad no tiene límites, una sociedad que se conforma con seguir vivaqueando con un bienestar todavía operativo, pero que olvida plantearse, por lo que se ve, cualquier pregunta acerca del carácter ético de sus dirigentes.

Por mucho menos las calles de España estarían llenas de manifestantes si otros fueran los gobernantes responsables de todo esto, si otro fuera el ministro quien tendría que ser garante del normal funcionamiento de los ferrocarriles, mientras que el responsable actual del caos del sector se jacta con prepotencia de su incapacidad manifiesta para el cargo, por no hablar de la inoperancia gubernamental ante la crisis de la vivienda, aunque, en el colmo del cinismo, dos miembros del Gobierno circulen como integrantes de una manifestación que reclama solución de esta situación al mismo gobierno del que forman parte. ¿Cabe mayor esquizofrenia? Ya estamos curados de cualquier espanto y todo podemos llegar a ver, mientras la calle calla y la ciudadanía pierde cualquier atisbo de sentido crítico.

• Vicente L. Navarro de Luján es rector honorario de la Universidad CEU-Cardenal Herrera