La ocupación del Estado por Pedro Sánchez y los suyos

La vieja doctrina nos enseña que la diferencia substancial entre un partido democrático y otros que no lo es radica en que el primero aspira a conquistar el poder, en tanto para el segundo el objetivo es la conquista del Estado, tan bien definido por el propio título del semanario que fundara el fascista español Ramiro Ledesma Ramos, en cuyo primer número dice: «Defendemos, por tanto, un panestatismo, un Estado que consiga todas las eficacias. La forma del nuevo Estado ha de nacer de él y ser un producto suyo. […] Al hablar de supremacía del Estado se quiere decir que el Estado es el máximo valor político, y que el mayor crimen contra la civilidad será el de ponerse frente al nuevo Estado. Pues la civilidad es algo que el Estado, y solo él, hace posible.» Por lo tanto, ocupar todas las estancias del Estado, todos sus órganos y derivados es la herramienta del pleno dominio.

Cuando un partido coloca a sus afines o militantes en todos los órganos del Estado logra ese objetivo, de suerte que toda la sociedad queda sometida. Es decir, si aparte del Consejo de Ministros, el parlamento (con las adecuadas alianzas si no se tiene la mayoría natural, aunque sea contra natura, con los mismos que pretenden la voladura de ese Estado), la judicatura, los órganos de control constitucional, estos al servicio de la permanente interpretación, conforme al Gobierno o el partido que lo controle, de forma que lo esencial de la democracia se ve alterado seriamente. Hace unos años, un político llamado Pedro Sánchez dijo que precisamente el pluralismo político debía reflejarse en el conjunto de todas las instituciones, órganos, estancias, elementos, servicios y aspectos de la vida pública y la sociedad civil. Se refería, entre otras cosas, a los medios de comunicación públicos conforme al pluralismo de la sociedad.

Pluralismo es el sistema que acepta y tolera las diferencias de pensamientos en ámbitos de la vida como la política, la religión, la filosofía, y que se encuentra íntimamente ligado a cuestiones como la pluralidad y la armónica convivencia de cosas muy diferentes entre sí, porque, el pluralismo es un sistema que acepta, tolera y reconoce las diferentes posiciones o pensamientos que puedan surgir en la discusión sobre algún tópico en particular y en las diversas materias y contextos mencionados.

No es menos cierto, como dijo Duverger que, en la contienda política, en el propio marco de la democracia, el objetivo, el premio de esa contienda es el poder y que «el poder se reparte entre y con los amigos o los afines». ¿Pero en qué medida, o se debe dejar un espacio a ese pluralismo? Pero como dice el profesor Juan Carlos Miguel de Bustos, de la Universidad del País Vasco, «El pluralismo es un valor social y políticamente aceptado que busca que los medios de comunicación reflejen la diversidad de situaciones que caracteriza la realidad social y política». ¿Se respeta el pluralismo cuando se ocupa solo con afines los medios públicos y todas las demás instituciones? Las entidades estatales manifiestan su actividad y su voluntad a través de sus órganos; el concepto de órgano sirve, pues, para imputar a la entidad de que el órgano forma parte el hecho, la omisión o la manifestación de voluntad de que se trate. El órgano es un conjunto de competencias que será ejercido por una persona física, que, al actuar dentro de las atribuciones o funciones que le han sido conferidas. Por ejemplo, hoy en día resulta escandalosa la manipulación que hace TVE de toda información y hecho que afecte al Gobierno (bastante común en los medios públicos de las comunidades autónomas, por cierto) y a Sánchez, de modo tan descarado como acabamos de ver al silenciar las pitadas al presidente del Gobierno en el día de la Fiesta Nacional. La regla moral y la decencia profesional, obligan a la persona que desempeña una determinada función en un órgano público, incluso cuando pertenece al mismo partido del que Gobierna.

En el enfrentamiento entre el Gobierno y el Poder Judicial, en cuyo escenario se ha colocado como si estuviera por encima, en su propio espacio, de este último. El informe sobre el Estado de derecho publicado en julio por la Comisión Europea, por segundo año consecutivo, expresó su «preocupación» por la «presión indebida» de cargos políticos sobre los jueces y alertó del riesgo de que las declaraciones vertidas desde el Gobierno afecten a la confianza que la opinión pública tiene en la independencia judicial en España (también en Italia y Eslovaquia), donde las tensiones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el mundo judicial han sido constante en la legislatura. Véanse las reacciones ante la decisión sin precedentes del Tribunal Supremo de encausar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la querella de Sánchez contra el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, ambas medidas tomadas por unanimidad que han vuelto a disparar las críticas del Gobierno a los tribunales con la misma argumentación y lenguaje.

• Fernando Ramos es periodista