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16 de septiembre de 2024

Mario Iceta, arzobispo de Burgos

Mario Iceta, arzobispo de Burgos y Comisario Pontificio designado para el caso de BeloradoThorun Piñeiro

Las clarisas de Belorado solo se han comunicado con el arzobispado para que pague seguridad privada

La diócesis recuerda a las monjas que dependen del Comisario Pontificio y las insta una vez más al diálogo

EL arzobispado de Burgos salió anoche al paso del mensaje que habían mandado por redes sociales las clarisas de Belorado cuatro horas antes denunciando el bloqueo de sus cuentas corrientes y la «imposibilidad de comprar desde los productos básicos para mantenernos, como el alimento y los materiales de cuidado de las hermanas mayores, hasta la materia prima para la elaboración de nuestros productos de chocolate». La versión del arzobispado difiere radicalmente de la que exponían las religiosas: «Seguimos a la espera de que las hermanas nos comuniquen los importes necesarios que requieren para los gastos habituales de la vida ordinaria. Hasta el momento no lo han hecho».

El arzobispado se adelantó a las necesidades de las monjas cuando «el jueves 6 de junio, sor Carmen, que es la secretaria y ecónoma de la federación de las Clarisas, fue enviada por el Comisario Pontificio al monasterio, precisamente para tomar contacto con las hermanas y pedirles que le comunicaran sus necesidades económicas con el fin de atenderlas de modo inmediato». Sin embargo, «no se le recibió, ni siquiera le dejaron hablar; se le dijo que no era bien recibida, instándole a abandonar el monasterio y llamando a la Guardia Civil». La nota del arzobispado también refleja que «la notario que le acompañó, única persona a la que se permitió acceder al monasterio, comunicó a la comunidad el modo de establecer la interlocución de las cuestiones económicas con la secretaria y ecónoma de la federación, precisamente para poder atender a todas sus necesidades. No han hecho uso de esta vía».

De hecho, el arzobispado muestra su sorpresa por el correo electrónico que recibió procedente del monasterio el pasado martes, en el que las clarisas anunciaban que «nos vemos en la obligación de contratar un servicio de seguridad privada que proteja y defienda de ataques contra la intimidad. Entendemos que el arzobispo debe asumir los costes de este servicio». «Aquí sí se reconoce la autoridad del arzobispo, además se le cita así, 'arzobispo'», cuando las monjas, en todo momento, se han negado a reconocer a monseñor Mario Iceta como tal, al considerar que pertenece a la «Iglesia conciliar» y, por tanto, ilegítima. «También se pide el pago de un servicio que, según el correo, va a contratar el monasterio. No se dice ni qué empresa, ni en qué condiciones. Llama la atención que se pida dinero para este servicio, pero no para la compra de género para la vida ordinaria de todos los miembros de la comunidad, la materia prima para la elaboración de productos, alimento de animales u otros gastos», constata el comunicado.

Nadie ha ido al arzobispado

El arzobispado burgalés también desmiente otra de las cuestiones que denunciaban las monjas, el asunto de los impagos a empleados y proveedores. «Ningún empleado de los monasterios ha acudido al arzobispado a poner ninguna queja. Al contrario, a aquellos con quienes se ha podido contactar, se les ha asegurado que se seguirá al corriente de los pagos tal y como se ha realizado hasta el momento», subraya.

Las monjas declaradas en rebeldía, lamenta el comunicado del arzobispado, «han impedido en todo momento y por todos los medios que el Comisario Pontificio y la Comisión Gestora cumplan con el cometido para el que han sido nombrados».

Pese a todo ello, «seguimos con la mano tendida y en ningún caso existe la más mínima intención de condicionar económicamente a la comunidad», concluye el comunicado, que muestra también su rechazo «y, en su caso, condenamos cualquier eventual falta de respeto o intromisión en la vida del monasterio. Seguimos a la espera de que la comunidad realice algún gesto que posibilite la vía del diálogo».

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