El régimen sandinista obliga a los curas a pedir permiso cada semana para celebrar la misa

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha establecido un control sin precedentes sobre la Iglesia católica en Nicaragua, obligando a los sacerdotes a presentarse ante la Policía cada semana para obtener autorización sobre sus actividades religiosas. Esta medida forma parte de una estrategia sistemática de persecución dirigida a subyugar a la Iglesia y silenciar cualquier voz disidente.

Christian Solidarity Worldwide (CSW) ha denunciado que las restricciones impuestas a los cristianos en Nicaragua son «severas», y ha advertido que «en Nicaragua el clero se ve obligado a presentarse semanalmente ante la Policía para obtener la aprobación de sus planes de actividades semanales». «Las personas religiosas sujetas a estas medidas también enfrentaron restricciones a su libertad de movimiento, y algunas informaron haber sido advertidas de que serían detenidas o exiliadas si no cumplían con los términos de las medidas», aseguran. Las procesiones públicas y las actividades de la Iglesia católica están prohibidas, mientras que dentro de las iglesias, todas las actividades están estrictamente vigiladas, según recoge la agencia Aica.

La represión no se limita a la Iglesia católica. Las iglesias evangélicas también son blanco del acoso, con varios de sus líderes arrestados, despojados de sus propiedades, proscritos y desnacionalizados.

Desde las protestas ciudadanas brutalmente reprimidas de 2018, Nicaragua se encuentra sumida en una crisis de derechos humanos que afecta severamente la libertad religiosa. La Iglesia católica, por su apoyo a los manifestantes y sus críticas al régimen, ha sido objeto de constantes ataques. Muchos sacerdotes están bajo «medidas de precaución».

Ataques a la libertad religiosa

El informe de la CSW documenta 222 casos de violaciones a la libertad religiosa el año pasado. Además, el cierre masivo de organizaciones sin fines de lucro ha afectado a miles de personas, muchas de ellas afiliadas a grupos religiosos. Las iglesias protestantes perdieron su personalidad jurídica y algunas denominaciones, como la Iglesia episcopal y la Iglesia morava de Nicaragua, vieron sus bienes amenazados por confiscación.

La persecución también afectó a los laicos involucrados en el trabajo pastoral. En 2024 fueron detenidos al menos 46 seglares, entre ellos Carmen María Sáenz Martínez y Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, colaboradores de la diócesis de Matagalpa. Las dos mujeres están detenidas desde agosto sin que sus familias reciban información alguna sobre su paradero.

Nicaragua ha pasado de ser un país donde se respeta la libertad religiosa a un Estado autoritario que persigue a la Iglesia y silencia cualquier oposición, concluye CSW.