
Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid
El presidente los obispos defiende una distribución «justa» de los menores inmigrantes por toda España
El presidente de la Conferencia Episcopal ve necesario que se aborde la situación de las mafias que intervienen en el tráfico de personas
El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha defendido una distribución «justa» de los menores migrantes por todo el territorio y ha garantizado la disposición a la acogida de la Iglesia Católica.
Tras firmar un acuerdo en materia de vivienda con la Junta de Castilla y León, Argüello se ha referido a la situación vivida entre las autonomías tras conocerse el reparto de menores migrantes no acompañados aprobado por el Gobierno a través de un Real Decreto este martes.
Así, sobre este asunto, el presidente de la Conferencia Episcopal ha asegurado que la Iglesia ha mantenido «siempre» un posición de colaboración con las dos diócesis de Canarias que, como ha valorado, «hacen un esfuerzo enorme». «Bastantes diócesis de España han acogido a algunas personas», ha defendido.
Argüello ha centrado su posición sobre este asunto en tres principios, el primero de ellos el derecho a no emigrar, un punto de vista desde el que ha defendido la importancia de abordar cuál es la situación en los países de origen para avanzar en políticas de ayuda y colaboración con el fin de que las personas «no tengan que salir de sus territorio».Dignidad humana y bien común
En segundo lugar, el presidente de la Conferencia Episcopal ve necesario que se aborde la situación de las mafias que intervienen en el tráfico de personas desde la premisa de una «oposición radical al uso de las personas y de sus situaciones desgraciadas para comercializar con ese sufrimiento». Finalmente, ha subrayado la defensa de la Iglesia en el reconocimiento a la «dignidad» de las personas».
Una vez explicado esto, Argüello ha insistido en la relevancia de insistir en dos criterios como la «dignidad humana y el bien común», un punto en el que ha defendido una política de Estado que aborde esta problemática y un acuerdo «entre todos» para regular los flujos migratorios.
«Somos favorables a que la situación de Canarias quede aliviada por una justa distribución de los menores por todo el territorio», ha zanjado, tras lo que, no obstante, ha abogado por «hacer lo posible para que los menores pudieran estar con sus familias».