Caso Belorado: el «fruto de un engaño» que ha llevado a diez monjas a la excomunión

Solo los más aficionados a las trufas y el chocolate conocía a las clarisas de Belorado antes del 13 de mayo de 2024. Ese día las monjas de este convento burgalés hicieron pública su decisión de abandonar la Iglesia católica. La serie de decisiones que han ido tomando desde entonces las ha llevado a la excomunión, decretada por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, el pasado 22 de junio.

Vuelta al 13 de mayo: la (ex) abadesa de la comunidad, sor Isabel, firma un comunicado en el que cuestionaban la autoridad del Papa Francisco, renegaban del Concilio Vaticano II y anunciaban que dejaban la tutela de su obispo para pasar a la del falso prelado Pablo de Rojas, un sacerdote excomulgado en 2019. El último pontífice que consideran válido fue Pío XII.

Si bien en su manifiesto apuntaban como motivo de ruptura con Roma un «caos doctrinal y moral» el detonante fue en realidad una pelea inmobiliaria entre la comunidad y el arzobispado. Las clarisas de Belorado querían vender un convento de la orden, el de Derio, y comprar otro, el de Orduña. Para la adquisición, las de Belorado firmaron un contrato con las clarisas de Vitoria por un importe de 1.200.000 euros, y se comprometían a pagar 75.000 de manera semestral. Ni siquiera la primero de las cuotas llegó a satisfacerse.

Al conocer la noticia, los obispos españoles comenzaron a sospechar que todo parecía «fruto de un engaño», según dejaron por escrito en un comunicado de la Conferencia Episcopal Española. Y el ilusionista no sería otro que el falso obispo de Rojas, siempre seguido de su compinche, el cura coctelero José Ceacero. Ambos forman parte de la Pía Unión de san Pablo Apóstol, que no está en comunión con Roma y que reniega de las reformas conciliares del Vaticano II.

Roma fue informada de estos asuntos y el mismo Papa Francisco nombró comisario pontificio a Mario Iceta pare resolver la situación. La comisión nombrada por el arzobispo de Burgos para el caso Belorado ha intentado hablar con cada una de las exmonjas que allí siguen viviendo y también con una que abandonó la comunidad. Cada vez que algún enviado ha aparecido por allí, las clarisas han llamado a la Guardia Civil. Por ello, toda la conversación se ha limitado a una pelea de comunicados públicos difundidos por los medios.

La investigación ha puesto sobre la mesa un agujero en las cuentas de la comunidad, que ahora tendrá que abonar la Federación de Clarisas de de Nuestra Señora de Aránzazu. Son más de 35.000 euros divididas en más de 20 facturas y un total de once nóminas por valor de 9.800 euros. A esta suma hay que añadirle la posible sanción que pueda llegarles a las exreligiosas por tener en el convento un criadero de Golden Retriever sin licencia.

Los desencuentros entre la comunidad y el arzobispado se han sucedido desde entonces. El 30 de mayo la ex abadesa de la comunidad denunció a Iceta por supuesto abuso de poder, usurpación de la representación legal y vulneración del derecho de asociación. Tras esto, el arzobispo citó a las tres religiosas firmantes de la demanda a comparecer ante el Tribunal Eclesiástico, y tras pedir una prórroga de una semana que Iceta les concedió, finalmente se negaron a personarse. Así, el 21 de junio se consumó el cisma.

Aquel día, en un nuevo comunicado, las de Belorado anunciaban su ruptura total, aunque «libre, voluntaria y decidida» de la Iglesia. Una decisión –«refrendada por todas», escribieron en mayúsculas– que, según ellas mismas afirmaban, fue «fruto de madura, meditada y consciente reflexión». Al día siguiente, Mario Iceta, después haberles tendido la mano en varias ocasiones en el mes y medio anterior para no tener que llegar a la excomunión, firmó el decreto que las ha convertido en exmonjas y les ha dado hasta principios de julio (sin concretar un día) para abandonar la propiedad.

La Pía Unión tampoco ha terminado de convencer a las exmonjas, que a finales de la pasada semana se desvincularon de Pablo de Rojas y José Ceacero, les expulsaron de Belorado sin mayor explicación y afirmaron que «caminan solas» y no reconocen mayor autoridad que los tribunales de Justicia. Por su parte, el arzobispado de Burgos defiende que la propiedad legítima del convento está en manos de las religiosas de la comunidad que no han incurrido en el cisma: las cinco más ancianas que siguen allí y otras tres monjas que salieron de Belorado antes del decreto de excomunión. Cuando puso fecha de fin a la estancia de las monjas cismáticas, Iceta afirmó que «de no producirse la salida voluntaria, nos veremos obligados a emprender las acciones legales a que haya lugar».